Furia en Canarias por el anuncio de un piso de alquiler: solo 2 palabras que han impactado hasta en Reino Unido
Ha generado indignación entre los ciudadanos canarios.
En medio de la creciente preocupación por la crisis habitacional que azota a Canarias, una noticia ha desatado las críticas de los ciudadanos. Un piso en alquiler en Los Realejos, Tenerife, se ofrece a 700 euros mensuales, pero con una condición rotunda: "¡IMPORTANTE! A PETICIÓN DEL PROPIETARIO, ABSTENERSE RESIDENTES".
Este tipo de oferta, que limita el acceso al alquiler únicamente a ciudadanos extranjeros, ha generado indignación entre los canarios, cuyas principales preocupaciones, según el CIS, giran en torno a la vivienda. La polémica ha llegado incluso a Reino Unido, donde Express.co escribe que "el mercado inmobiliario se ha sesgado hacia los extranjeros ricos, mientras que la población local mal pagada se ve obligada a compartir habitación con miembros de su familia".
Este incidente plantea una duda importante sobre la legalidad de excluir a los residentes canarios de una oferta de alquiler. Isidro Marín, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, responde en COPE Canarias: "Vulnerar la legalidad no la puede vulnerar, lógicamente, porque tú tienes el derecho de admisión y, lógicamente, como propietario puedo poner unas condiciones y si no las cumples, pues prácticamente puedo rechazar al inquilino".
Sin embargo, Marín también subraya que, aunque esta práctica pueda ser legal, no es necesariamente moral. Él aboga por que las plataformas de alquiler tomen un papel más activo en la supervisión de este tipo de anuncios: "Creo que tenemos que evitar este tipo de anuncios y si es un profesional, llamarle la atención al profesional".
Un mercado inaccesible
La cuestión de la vivienda se encuentra entre las principales preocupaciones de los canarios, especialmente dado el contexto de elevados precios en el mercado inmobiliario. Según los datos más recientes, el precio medio de alquiler en Canarias se encuentra en torno a los 1.100 euros mensuales.
Siguiendo la recomendación de que una familia no debe destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda, el escenario es alarmante. Para cumplir con esta recomendación, los inquilinos deberían tener un salario mínimo de 44.400 euros anuales, una cifra que solo alcanza alrededor del 10% de la población canaria, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).
