La universidad le requería 32.500 euros por un traslado, el estudiante acaba en los tribunales y le acaban pagando hasta los costes judiciales
El caso ha generado amplio debate en el país y podría sentar un precedente para otros estudiantes en situaciones similares.
Una joven estudiante de medicina de Constanța, Rumanía, ha ganado un caso judicial contra su propia universidad, después de que esta le exigiera el pago de más de 32.500 euros por solicitar un traslado académico.
La estudiante se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad Ovidius de Constanța y, por razones personales y académicas, solicitó trasladarse a otra universidad del país. Fue entonces cuando la institución le impuso una condición que la joven consideró abusiva: debía pagar el equivalente a seis años completos de matrícula, aunque solo había cursado una parte de los estudios.
El monto, superior a 32.000 euros, fue justificado por la universidad como una cláusula contractual que la estudiante supuestamente había aceptado al momento de la matrícula. Sin embargo, la joven se negó a pagar, considerando que se trataba de una exigencia desproporcionada e injusta. Decidió entonces acudir a la justicia para impugnar la validez de dicha cláusula.
El Tribunal de Primera Instancia de Constanța le dio la razón, declarando abusiva la cláusula del contrato educativo que establecía el pago completo de los estudios en caso de traslado. El tribunal ordenó no solo que la universidad devuelva la totalidad del dinero cobrado indebidamente, sino también que lo haga con intereses y asuma los costes judiciales del proceso.
“Es una victoria no solo para mí, sino para todos los estudiantes que pueden encontrarse en la misma situación. No es justo que se nos impongan cláusulas que violan nuestros derechos solo porque estamos en una posición vulnerable frente a las instituciones”, declaró la estudiante a medios locales tras conocerse el fallo.
El abogado de la joven sostuvo que el contrato entre estudiantes y universidades debe regirse por principios de equidad y legalidad, y que las cláusulas que condicionan el acceso a la educación o penalizan desproporcionadamente los traslados no pueden ser aceptadas en un sistema democrático. Por su parte, la universidad ha reaccionado al fallo presentando un recurso de apelación, por lo que la decisión judicial aún no es definitiva.
