Un informe vinculante, un aval, 4.500 alumnos... Los nuevos requisitos para poder abrir una universidad en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el ya aprobado en 2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. La norma pretende, sobre todo, endurecer los requisitos para abrir una universidad en un momento en el que los de titularidad privada ya supera casi en número a los públicos. Nuevos campus que, además, comienzan a funcionar en algunos casos sin cumplir con los requisitos mínimos que establecen los técnicos del ministerio y la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria.  

Actualmente, según datos del Ministerio de Ciencia, el sistema universitario español cuenta con 96 universidades: 50 públicas y 46 privadas. Pero mientras la última pública fue abierta en Cartagena en 1998, hace ya casi treinta años, 26 privadas han visto la luz en estos últimos 27 años. 

Un dato que, a su vez, ha provocado un notable incremento de alumnos que estudian en la privada, por preferencia o porque se ven abocados a ella ante la falta de financiación de la pública por parte de las Comunidades Autónomas para aumentar las plazas y la oferta de titulaciones. En las públicas estudian actualmente un grado 1.333.527 alumnos (71,12%) y 541.482 en las privadas (28,8%). Pero desde el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en centros privados ha aumentado un 129% y en el caso de las públicas, tan sólo un 2%. 

Según fuentes del ministerio, las universidades públicas no disponen de recursos suficientes para responder a la creciente demanda ofreciendo más plazas, lo que dispara las notas de corte y facilita la expansión de las universidades privadas. "El 14% de los créditos personales que se suscriben con entidades bancarias ya es para pagar los títulos universitarios. El sistema de igualdad de oportunidad y de ascensor social que supone la universidad pública en nuestro país se está gripando", ha dicho hoy la ministra Diana Morant. En este sentido, la dirigente ha pedido a las CC.AA. que financien de manera adecuada sus universidades públicas. 

Además, los datos oficiales señalan que la participación de las universidades privadas en publicaciones científicas, spin-offs y patentes es minoritaria, el personal contratado para investigación es mucho menor en la privada y la ratio de estudiantes por profesor es mucho más baja en la pública. 

Un informe vinculante elaborado por expertos

Hasta ahora, para abrir una universidad en España, bastaba con la autorización por parte del gobierno de la CC.AA. donde iba a tener su sede. La Conferencia General de Política Universitaria emitía un informe perceptivo, pero que no era vinculante. Desde 2018 ha elaborado 25 informes, 13 de ellos desfavorables. Sin embargo, cuatro de esos proyectos con nota negativa acabaron recibiendo luz verde por parte de las administraciones autonómicas.

La nueva norma establece que, a partir de ahora, todas las universidades deberán pasar un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA (la agencia estatal que evalúa la calidad universitaria) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que ya se exige actualmente. Para que la evaluación no tenga un componente político, el nuevo real decreto establece que las agencias crearán una comisión formada en su mayoría por profesores elegidos por sorteo. 

Si la evaluación de la agencia de calidad es favorable, la tramitación  continuará en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se encargará de emitir un informe preceptivo pero no vinculante, realizado por sus técnicos, que se centrará principalmente en la solvencia económica del proyecto y en la experiencia educativa del equipo de dirección. En lo que respecta a la solvencia, todos los proyectos tendrán que presentar un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en su tercer año de funcionamiento.

4.500 estudiantes, plazas de residencia... 

Además, se exigirá a los nuevos centros que tengan al menos 4.500 estudiantes matriculados en cinco años, destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación y captar recursos externos del 2%; y una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas, con el fin de que los problemas de acceso al alquiler de una vivienda no supongan un problema para los alumnos que cambian de ciudad para estudiar. 

En lo que respecta a la docencia, los nuevos centros tendrán que garantizar una oferta mínima de enseñanza: diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado en tres ramas de conocimiento distintas. Igualmente, la plantilla del profesorado deberá tener al menos un 50% de doctores y, dentro de este grupo, un 60% debe contar ya con un sexenio de investigación.

Ocho proyectos ya pendientes de su aprobación 

Todos estos nuevos requisitos deberán ser de obligatorio cumplimiento para todos los centros universitarios que ya existen o pueden crearse en el futuro, salvo el del informe vinculante de las agencias que sólo afectará a las de nueva creación una vez el decreto se haya publicado en el BOE. En concreto, están pendientes ocho proyectos en tres universidades de Aragón, dos en Extremadura y una en Canarias, Andalucía y Asturias. 

Otros cuatro proyectos ya pasaron hace tres semanas por la Conferencia General de Política Universitaria, por lo que se librarían del informe vinculante. De ellos, tres contaron con una opinión desfavorable por parte del Ministerio: la Universidad Felipe II y TAI University, en Madrid; y la Universidad de Mallorca. Su creación dependerá ahora de la decisión del gobierno de su respectiva Comunidad Autónoma.

En todo caso, la norma contempla una amplia flexibilidad a la hora de los plazos establecidos para cumplir con los requisitos fijados. Todas las universidades que ya existen o se van a constituir en el futuro tienen tres años de margen y a las recién creadas se les da hasta cinco años más. En algunos casos, como puede ser el cumplimiento del número de alumnos, el plazo puede extenderse hasta los seis.

Si algún centro supera los plazos y no cumple con los requisitos, no se le obligará a echar el cierre de primeras. En una situación como tal, deberá estar obligado a presentar un plan y dispondrá de hasta tres años para corregir sus deficiencias. "El objetivo no es cerrar ninguna universidad", señalan desde el ministerio. 

El equipo de Morant también destaca que el nuevo texto ha contado con el apoyo de la CRUE (Consejo de Rectores de la Universidad Española), el Consejo de estudiantes universtiarios del Estado y con el apoyo del consejo de universidades, donde están representadas todas las universidades de este país.

Además, también se aprueba de acuerdo al informe del consejo de Estado, que obligó a no exigir experiencia en gestión universitaria a la entidad promotora de la nueva universidad (aunque sí se exigirá al equipo directivo). El mismo documento establece que la Conferencia General de Política Universitaria no podrá decidir sobre si una universidad amplía titulaciones durante sus primeros cinco años de vida o si un centro adscrito en una región abre un campus o una subsede en otra CC.AA. En ese caso, bastará también con el acuerdo de los gobiernos autonómicos y no será necesario tener el apoyo de la Conferencia.