Un pueblo de Ávila dice 'basta' a la invasión de casas prefabricadas ilegales y lanza un ultimátum: "Son un riesgo"
Una situación que lleva tiempo enquistada en zonas rurales.
El fenómeno de las viviendas prefabricadas y móviles se ha multiplicado en los últimos años en zonas rurales y urbanizaciones dispersas de España por su coste y rápido montaje. Sin embargo, su instalación sin los permisos y controles adecuados puede chocar con la normativa urbanística autonómica y nacional, provocando así problemas de saneamiento y generando conflictos entre propietarios, ayuntamientos y autoridades ambientales.
En este contexto, un pequeño pueblo de Ávila, cansado de una situación que lleva tiempo enquistada, ha decidido plantarse. El Ayuntamiento de El Tiemblo ha lanzado un ultimátum para poner fin a la proliferación de viviendas prefabricadas ilegales, también conocidas como mobile homes, poniendo un plazo de tres meses para retirar las que carezcan de licencia o, en su defecto, presentar la documentación técnica para su legalización.
La medida nace, según el consistorio, del riesgo que suponen estas construcciones para la población y para el medio ambiente al no haberse comprobado su habitabilidad, saneamiento, aislamiento o protección frente a incendios. "Si no hay un sistema de saneamiento acorde puede haber contaminación del suelo", explican fuentes municipales en declaraciones recogidas por La Nueva España, que además confirman que ya tienen varios expedientes abiertos.
Plan de actuación
Varios vecinos de la urbanización Valdesanmartín, un conjunto de más de 400 fincas entre pinos y vaguadas con vistas a la sierra, relatan al medio citado que, desde hace al menos un año, está prohibida la construcción de nuevas viviendas y que, aun así, en algunos viales se han instalado casas modulares que han generado malestar y preocupación entre los residentes. Como consecuencia, algunos inmuebles ya han sido objeto de denuncias municipales.
A través de un bando municipal, el consistorio advierte que las casas prefabricadas deben cumplir la misma normativa que cualquier otra edificación: contar con licencia urbanística u obra, informe técnico que acredite su seguridad y habitabilidad, y, cuando corresponda, inscripción registral y pago de impuestos. Desde el equipo municipal aseguran que la actuación busca informar y regularizar situaciones.
A su vez, añade que se han detectado instalaciones sin la preceptiva licencia y que, si el suelo está calificado como rústico o como urbano no consolidado, como es el caso de Valdesanmartín y de otras parcelas como las de Pinar de la Atalaya, la normativa no permite su permanencia, por lo que la única alternativa será su retirada. Si no la situación no se regulariza, se iniciarán los procedimientos sancionadores previstos en la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.