Va a renovarse el DNI y encuentra una gran sorpresa de 1.160 euros: "No lo necesité durante muchos años"

Jürgen Appel no fue consciente de que su documento de identidad llevaba un mínimo de cinco años caducado, hasta que tuvo que acudir a una cita en la oficina de empleo de la ciudad alemana de Offenbach am Main. Allí descubrió que su carné había perdido validez en el otoño de 2020, una omisión cuya respuesta administrativa no se hizo esperar: 

La sorpresa llegó al iniciar el trámite para renovarlo en el servicio municipal de atención ciudadana. Según OP Online, un empleado le advirtió que podía enfrentarse a una multa, aunque Appel esperaba una cuantía muy inferior. “Pensé en doscientos o trescientos euros, pero no en algo así”, relata. El importe final, inicialmente fijado en 1.050 euros, aumentó tras añadirse las tasas administrativas.

La normativa alemana no establece un catálogo único de sanciones por infracciones en materia de documentación personal. Cada ayuntamiento fija sus propios baremos. En Rodgau, el sistema es progresivo y se basa en el tiempo transcurrido sin un documento válido. Los tres primeros meses quedan exentos de sanción. A partir del cuarto, la multa comienza en 55 euros y alcanza los 150 cuando el retraso supera los 18 meses. Si el incumplimiento se prolonga más de dos años, la cuantía aumenta en 25 euros por cada mes adicional. En los casos considerados negligentes, el máximo puede llegar a 1.500 euros; si existe intencionalidad, hasta 3.000.

La ley obliga a todas las personas con nacionalidad alemana a disponer de un documento de identidad válido a partir de los 16 años, aunque no exige llevarlo encima de forma permanente. El carné o el pasaporte deben permitir la identificación cuando una autoridad lo solicite. Los documentos se fabrican en la imprenta federal y tienen una validez general de diez años, seis en el caso de los menores de 24. Determinados cambios personales, como una modificación del nombre, obligan a renovarlo.

La severidad aplicada en Rodgau contrasta con la práctica de otros municipios del entorno. En Hainburg, el ayuntamiento evita las sanciones económicas y opta por avisos preventivos. En Seligenstadt, las multas se imponen tras una valoración individual de cada caso. En Rödermark, la administración asegura que actúa con “la mayor indulgencia posible” y, cuando impone sanciones, estas oscilan entre 35 y 360 euros.

El consistorio de Rodgau defiende su política sancionadora. “Nuestro objetivo no es imponer multas elevadas, sino garantizar que todos los ciudadanos tengan la documentación correspondiente”, señala un portavoz municipal. Desde enero de 2022, la ciudad envía avisos a los vecinos cuando su documento está próximo a caducar, un sistema que no se aplicó en este caso porque el carné de Appel llevaba ya más de un año vencido cuando entró en vigor.

Tras rechazar sus alegaciones, el ayuntamiento ha confirmado la sanción y ha remitido el expediente a los tribunales. Appel, que percibe una prestación por desempleo, reconoce que el importe supone una carga difícil de asumir, incluso con la posibilidad de fraccionar el pago. A su juicio, la multa resulta desproporcionada. “Si cruzo un semáforo en rojo, no me cuesta tanto”, afirma.