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27/04/2013 06:01 CEST | Actualizado 26/06/2013 07:12 CEST

Por un puñado de dólares (o cómo los argentinos perdieron la fe en su moneda)

Frente a una verdadera crisis cambiaria, consecuencia de una inflación endémica y de la degradación de las finanzas públicas, una devaluación oficial del peso argentino parece cada vez más inevitable.

En julio del 2012, mientras los argentinos acudían cada vez con más regularidad al mercado negro para cambiar sus pesos por dólares americanos, y la cotización paralela de este último empezaba a mostrar serias señales de descolgamiento respecto de su cotización oficial, el ministro de Economía argentino declaró que el fenómeno era "una cuestión marginal y sin impacto". Unos meses más tarde, el desfasaje entre el dólar blue y el dólar oficial alcanzaba un 75%, y su evolución se había convertido tanto en un auténtico debate de sociedad como en una verdadera pesadilla para un Gobierno obstinado en negar sus causas.

¿Cómo llegó el dólar a convertirse en un bien tan preciado?

A igual que los venezolanos, que están en la misma situación desde el año 2003, los argentinos ya no pueden cambiar sus pesos por divisas extranjeras en total libertad. Las restricciones impuestas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empezaron en agosto del 2011 con un mayor control de las operaciones de cambio y se incrementaron gradualmente desde entonces, hasta prácticamente imposibilitar el acceso al dólar (o al Euro). Primero, la compra de dólares para fines turísticos fue limitada de manera significativa, mientras las compras efectuadas afuera del país mediante tarjetas de crédito están ahora sujetas a un recargo adicional de un 20%. Más limitador todavía, la compra de dólares con fines de ahorros personales está ahora prohibida, y la realización de transferencias bancarias hacia cuentas extranjeras es prácticamente imposible.

A primera vista, se podría pensar que estas medidas solo afectan a los que, entre los argentinos, tienen la posibilidad de viajar, o que están dirigidas a luchar contra el lavado de dinero. Pero en un país como Argentina (o como Venezuela), en realidad esta medida consiste en impedir a la gente que ahorre. En efecto, ahorrar en dólares americanos es una vieja costumbre en un país que conoció varias veces unos niveles de inflación totalmente incontrolables (hasta llegar al 5.000 % en los años 80) y devaluaciones drásticas (la última grande tuvo lugar en el 2002) y que, por lo tanto, no tiene ningún tipo de confianza en su moneda.

Desde el año 2007 la tasa de inflación -no oficial- está estimada en un 20-25% de media, y no parece mostrar señales de desaceleración. Frente a esta observación, los argentinos recuperaron rápidamente su reflejo que consiste en adquirir dólares, y, cuando sea posible, sacarlos del país mediante la creación de depósitos en bancos extranjeros, la adquisición de propiedades en otros países o de instrumentos financieros en dólares. De esta manera tratan de protegerse contra la pérdida de valor de su moneda, pero también contra una potencial confiscación de sus ahorros por el Gobierno, como ocurrió en 2002, cuando el default sobre la deuda argentina vino acompañado no solamente por una devaluación espectacular del peso argentino (75%), sino también por la conversión forzada de las cuentas bancarias en dólares a cuentas en pesos usando la nueva tasa de cambio, o sea, cuatro veces menor a la tasa en vigor hasta entonces.

Mientras tanto, el Gobierno intenta luchar contra la tendencia argentina a huir de su propia moneda con el triple objetivo de limitar la fuga de capitales, de preservar sus reservas en dólares y de limitar la devaluación del peso, que le conviene mantener en un nivel alto. En efecto, la fuga de los capitales se aceleró sensiblemente a finales de los años 2000, hasta alcanzar los 21.500 millones de dólares estadounidenses en 2011, mientras que los depósitos en dólares en los bancos comerciales cayeron un 50% este mismo año, obligando al Banco Central a usar sus reservas en dólares para pagar su deuda.

A su vez, las medidas fuertes para limitar las importaciones iniciadas en el 2011, y que llevaron varias empresas a suspender o cerrar su actividad, constituyen otra prueba de la necesidad que tiene el gobierno de mantener bajo control el deterioro del balance comercial del país. Considerando que el Gobierno no tiene la posibilidad de financiarse en dólares en los mercados financieros como consecuencia de su default de 2002, limitar las importaciones resultó ser quizás la única medida a disposición del Gobierno para frenar rápidamente la tendencia.

En cuanto a los gastos públicos domésticos -en constante aumento desde 2003 debido, por un lado, a los subsidios masivos ortogados al sector de la energía, a los transportes y a las viviendas, y, por otro lado, a la multiplicación por dos del número de empleados públicos-, su crecimiento está financiado en buena parte por la impresión de billetes. Se estima que en 2012 la masa monetaria en circulación en la economía argentina aumentó en un 38%, fenómeno que llevó naturalmente a la depreciación de la moneda local, ya que la producción del país no aumentó en las mismas proporciones.

El desarrollo de un verdadero mercado paralelo de divisas

La demanda cada vez más urgente de dólares por parte de los particulares y de las empresas argentinas, por un lado, y las restricciones cada vez más severas impuestas por el Gobierno para detenerles, por el otro, desembocaron naturalmente en el rápido desarrollo de un mercado paralelo de divisas durante los últimos meses.

Así, al final del año 2011, el dólar oficial cotizaba en 4,20 pesos argentinos y podía cambiarse de forma bastante fácil por otra moneda. A comienzos del año 2012, como consecuencia del aumento de las restricciones de cambio, una cotización paralela empezó a delinearse, reflejando de esta manera la tasa de cambio a la cual era posible adquirir dólares de forma ilegal, en particular gracias a unos traders (llamados arbolitos) llevando a cabo las operaciones en sus oficinas, denominadas cuevas, o directamente a través del servicio a domicilio.

El mercado del dólar blue se desarrolló y profesionalizó rápidamente, a tal punto que hoy prácticamente cualquier persona puede seguir la evolución diaria de la tasa de cambio del dólar y del euro paralelos gracias a sitios oficiales -entre los cuales se encuentran los de los principales medios del país-, o tener acceso a un arbolito que le realice las operaciones de cambio, sea por unas centenas de dolares, o varias centenas de miles.

Como consecuencia, al dia del 26 de abril, el dólar paralelo había alcanzado los 9,3 pesos, mientras que el oficial cotizaba a 5,18 pesos, registrando entonces una diferencia del 80% entre los dos mercados. En cuanto al Euro, oficialmente cotiza en 6,7 pesos, mientras que se puede conseguir por 11,9 pesos en el mercado paralelo. Y considerando la tendencia de los últimos días, es muy probable que la tasa no oficial siga disparándose, incrementando aún más el abismo entre el valor teórico del peso, determinado por el gobierno, y su valor efectivo, determinado por el mercado de la oferta y de la demanda.

Las consecuencias del dólar paralelo sobre la economía argentina

De manera previsible, el desarrollo de este mercado no solamente reveló una fuerte sobrevaluación del peso -voluntariamente fomentada por el Gobierno-, pero también contribuyó a crear una verdadera crisis cambiaria, con las graves distorsiones macroeconómicas y sociales que conlleva, en la medida que distorsiona la escala de los valores sociales.

Efectivamente, el desdoblamiento del dólar extiende el abismo entre los que tienen acceso al dólar y los que no, y favorece los que especulan frente a los que invierten o ahorran. Estas distorsiones también son extremadamente propicias al desarrollo de la informalidad, en un mercado donde ya es endémica y en el cual las transacciones financieras no tienen interés ninguno en pasar por el sistema, ya que su costo de oportunidad es demasiado alto. Y, por último, como en cada situación donde el acceso a un bien está controlado por un Gobierno, las oportunidades de corrupción florecen.

Mientras tanto, una de las consecuencias más importantes de la sobrevaluación del peso oficial tiene que ver con la pérdida de competitividad de los sectores exportadores, entre los cuales está el sector agrícola, el mayor pilar de la economía argentina. En efecto, por el efecto de la inflación, la mayor parte de los costes de las empresas exportadoras aumentan en pesos mientras que sus ingresos están indexados sobre unos precios internacionales expresados en dólares (terminan convertidos en pesos a la tasa oficial por el banco central de Argentina en el momento del pago). Esta situación reduce automáticamente el margen de rentabilidad del sector, a medida que la inflación sigue aumentando en el país y no viene compensada por la devaluación del peso.

Y si las empresas que no dependen del comercio con el exterior se pueden permitir el lujo de transferir buena parte de la inflación sobre el consumidor para mantener sus márgenes (lo cual, sin embargo, no es tan fácil en el caso de los bienes que no sean de primera necesidad), los sectores que dependen del exterior se encuentran en medio de una trampa, sea porque no fijan los precios ellos mismos, o porque no pueden perder su competitividad (por ejemplo en el sector del turismo, de los servicios, etc). Bien conscientes del carácter insostenible de la situación y de la sobrevaluación del peso, cada vez más exportadores eligen entonces, en la medida de lo posible, postergar sus ventas con la esperanza de que una devaluación próxima les permita gestionar mejores ingresos en pesos.

De manera irónica el primer perjudicado por este dilema es el Gobierno, que se financia ampliamente gracias a los royalties y los impuestos que retiene sobre el sector agrícola. El nivel de preocupación llegó a estar tan alto que recientemente un debate interno en el gobierno estaba considerando la posibilidad de usar la Ley Antiterrorista para obligar a los productores a vender sus cosechas dentro de ciertos plazos predeterminados.

Por qué el Gobierno argentino no devalúa su moneda

En este contexto y frente a una auténtica crisis cambiaria, uno podría preguntarse por qué el Gobierno todavía se niega a devaluar. Varias hipótesis podrían explicar la resistencia del Ejecutivo de Cristina Kirchner a dejar que su moneda se deprecie.

La primera tiene que ver con el hecho de que depreciar el peso equivaldría a admitir una inflación que todas las fuentes privadas acuerdan ubicar entre el 20 y 30% anual desde 2007 pero que el Gobierno, de manera absurda para no decir provocadora, se obstina en negar. Así, el Gobierno nacional pretende que la inflación es del 10%, pero tiene que recurrir a medidas tan fuertes como el congelamiento de los precios en los supermercados o de la nafta para tratar de contenerla, y acuerda, con los distintos sindicatos, aumentos salariales anuales ubicándose entre el 20% y el 30%.

Dejar que el peso se desprecie también equivaldría a reconocer que la inflación reduce el valor de su moneda nacional, justificando entonces la propensión de los argentinos a intercambiar su divisa contra otras divisas estables. Finalmente, equivaldría también a reconocer que el crecimiento de la economía argentina, que se ralentizó de manera preocupante, está casi exclusivamente alimentado por el gasto público y el consumo, a su vez fomentado por los altos niveles de inflación, que transforman al consumo en la única manera que tienen los argentinos de protegerse de manera legal contra la pérdida de poder adquisitivo de su moneda.

O sea que, para sintetizar, para un Gobierno que siempre se mostró tan inflexible y orgulloso, semejante medida equivaldría simplemente a reconocer el fracaso de su política monetaria y económica en su conjunto.

El segundo motivo por el cual el Gobierno argentino no tiene interés en devaluar su moneda tiene que ver con el déficit energético del país por un lado, y con su deuda externa por el otro. Efectivamente, a pesar de que el país disponga de importantes reservas energéticas, su incapacidad de explotarlas de manera autónoma todavía lo transforma en un importador neto de recursos energéticos, cuyos precios están fijados en dólares. Un peso artificialmente alto permite entonces saldar la deuda energética a una tasa irrisoria.

A su vez, la deuda externa del país está liberada en dólares y mantener una divisa sobrevaluada permite al Gobierno reducir su peso en el presupuesto nacional.

Finalmente, por los mismos motivos, un peso fuerte permite controlar el coste de las importaciones, mientras que una devaluación llevaría las importaciones, de las cuales depende gran parte de la industria, a encarecer los productos, y obligaría a las empresas a aumentar sus precios, generando más inflación todavía.

Conclusión

Frente a una verdadera crisis cambiaria, consecuencia de una inflación endémica y de la degradación de las finanzas públicas, una devaluación oficial del peso argentino parece cada vez más inevitable.

El Gobierno tiene razón en que semejante medida no resolvería nada. Una devaluación llevaría a más inflación, haciendo necesaria una nueva devaluación, etc. De hecho, es lo que hicieron muchos países del continente en los años 80, provocando una hiperinflación seguida por unos ajustes y consecuencias dramáticos que ya conocemos. Y resulta difícil imaginar que un problema tan complejo como el que enfrenta la economía argentina se pueda arreglar con un simple ajuste cosmético y provisorio en vez de un cambio de política, primero monetaria, luego económica.

Sin embargo, el Gobierno probablemente se equivoca en obstinarse en negar tanto las causas como la gravedad de la situación, prefiriendo desde entonces acumular medidas urgentes y restricciones varias (a las importaciones, a la compra de divisas, a las transferencias al extranjero) en vez de dedicarse a redefinir una política monetaria y económica dirigida a combatir los problemas a su fuente.

El problema actual no es el mercado negro, no es la evasión del capital, el supuesto antipatriotismo de los argentinos que buscan sacar sus ahorros de su país, o los especuladores que quieren hundir al país, como lo presumen unos miembros del Gobierno atrapados en su propia miopía. Estos fenómenos solo son las consecuencias del problema. El problema sigue siendo que los argentinos han perdido toda confianza en su moneda, y por ende, en su Gobierno y su capacidad de crear un entorno económico y social estable y confiable.

Y cuando se trata de restablecer la confianza, tanto manipular las cifras y las informaciones como restringir las libertades de los ciudadanos, en vez de mostrar su voluntad en querer incrementarlas, parece ser una estrategia condenada al fracaso. Resulta difícil pensar que un Gobierno tan vivo como el de Cristina Kirchner no sea consciente de esto y prefiera chocarse contra la pared tocando la bocina.

Pero en un país donde el medio plazo no existe y donde la Venezuela de Chavez es considerada un ejemplo por sus dirigentes, solo parecen importar las elecciones legislativas de octubre.

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