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El Gobierno aprueba la reforma de la ley del aborto

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El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada.

La nueva ley sustituirá a la actual, que permite la libre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

El anteproyecto devuelve la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo a 1985, pero reduciendo de tres a dos los supuestos.

Con la futura ley, que el Gobierno enviará al Congreso, la mujer sólo podrá abortar cuando exista grave peligro para su salud física y psíquica y cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. De este modo, el Ejecutivo de Rajoy elimina el supuesto de malformación para abortar.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido el encargado de presentar este anteproyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dicho que esta ley protege los derechos "de los más débiles" y los de la mujer, a la que ha calificado de "víctima" a la hora de abortar.

Eso sí, la mujer que pretenda abortar deberá acreditar con diversos informes médicos que cumple los dos supuestos de la nueva norma, que indica cuatro exigencias para ello:

1. La mujer debe demostrar que el aborto es necesario porque existe "un conflicto", en palabras de Gallardón, que no puede solucionarse desde el punto de vista médico de otra forma.

2. La mujer ha de acreditar que, de tener al bebé, se va a producir un menoscabo no reversible pero sí importante y duradero en su salud.

3. La mujer deberá aportar dos informes médicos para demostrar que el feto sufre una patología muy grave. Pero esos informes médicos han de ser de doctores distintos, especialistas de esa patología y que trabajen en centros médicos diferentes al que se va a practicar la interrupción del embarazo. Además, en caso de que se alegue que existe un riesgo para la salud psíquica de la madre, ésta deberá aportar dos más: uno que demuestre el riesgo psíquico de la mujer y otro más sobre la salud del feto.

4. La mujer debe demostrar que las anomalías no se hubieran detectado antes de las 22 primeras semanas y que existe un riesgo vital para la mujer.

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Además, Gallardón elimina de la actual ley de plazos, el derecho de las menores de 18 años y mayores de 16 de abortar sin la necesidad de consentimiento de sus padres.

También se permite a los médicos "hasta el último momento", abstenerse de realizar abortos alegando objeción de conciencia y se modifica la Ley de Publicidad para prohibir que se publiciten productos que permitan abortar porque, según Gallardón, "no son un producto de consumo" y sólo deben facilitarlos los "especialistas".

El ministro asegura que con esta ley, no habrá "embriones de primera o de segunda" y que "se pone en valor la resolución de los conflictos".

El ministro de Justicia ha defendido que con la aprobación de esta reforma se "da cumplimiento a un compromiso electoral" y que la sociedad debe sentirse orgullosa "de defender la protección de los más débiles, los concebidos y no nacidos". "En lugar de eludir el conflicto, lo que hace el legislador es resolver el conflicto", ha añadido Gallardón, que considera esta ley como "un avance histórico".

Según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la ley "libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal" y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir el embarazo.

"Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985", ha dicho Gallardón, quien ha asegurado que también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto.

La 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su "radical" oposición a la reforma de Salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha apelado a la conciencia de las 76 diputadas del PP, además de solicitar al Grupo Popular libertad de voto o voto secreto, para que la Ley no salga adelante en el Parlamento.

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