POLÍTICA

El Supremo recibe el 'caso de los ERE' por la implicación de varios aforados

12/08/2014 14:26 CEST | Actualizado 13/08/2014 23:28 CEST
EFE

El Tribunal Supremo ha recibido la exposición razonada de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, por la que eleva a este tribunal la investigación contra varios aforados en el caso, un documento que va acompañado de varios tomos del sumario del caso.

Fuentes de este tribunal han informado de que la juez ha recibido el voluminoso documento. La jueza llevaba meses trabajando en este escrito en el que apreciaba indicios de delito contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013.

Alaya acusa a Chaves, Griñán y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, de conocer las advertencias que llegaron al

Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis. Los exconsejeros son Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

La juez Alaya ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados 'preimputados'.

Según fuentes del Supremo citadas por EFE, la Sala de Vacaciones del Supremo podría dictar en los próximos días una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada, aunque no se prevé que se designe instructor de forma inminente.

¿QUÉ SE INVESTIGA EN EL CASO DE LOS ERE?

En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

Según la juez, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio".

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