El CEO de Ribera Salud deja la gestión del hospital de Torrejón tras los audios en los que pide aumentar las listas de espera

El grupo Ribera Salud ha anunciado esta noche, a través de un comunicado, que su CEO, Pablo Gallart, ha pedido a la compañía desvincularse de la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz después de que El País publicara los audios en los que se le escucha pedir que se rechacen pacientes, elevar las listas de espera y descartar los procesos poco rentables para mejorar los resultados de la compañía. La dirección del grupo, además, ha anunciado que se realizará una auditoría "en profundidad" para aclarar lo que haya sucedido y revisar si el centro público-privado cumplió con los estándares asistenciales y legales.

La nota difundida esta noche, recalca que Pablo Gallart ha solicitado al presidente de la empresa, Emmanuel de Geuser, abandonar todas sus responsabilidades "para garantizar los valores y la ética que siempre han caracterizado al grupo". En ese mismo comunicado, en el que no se aclara si se aparta de la compañía, Ribera Salud aprovecha para reivindicar su compromiso con el sistema sanitario público y recuerda que esa es la línea que guía su trabajo desde hace más de dos décadas.

En los audios que ha publicado este miércoles El País revela el contenido íntegro de una reunión, celebrada el pasado 25 de septiembre, en la que Pablo Gallart expone ante una veintena de responsables un plan cuyo objetivo era elevar los beneficios del grupo desde la gestión del Hospital de Torrejón. En la grabación se escucha como Gallart defiende que el centro es capaz de "determinar la actividad que podemos proveer" y vincula esa misma capacidad con las listas de espera quirúrgica, los gastos y el resultado económico final.

“Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, sostiene. También apuesta por la idea de descartar las intervenciones menos rentables y plantea que el hospital debe trabajar “en aras de no reducir la lista de espera”, una orden que contrastaría con la política seguida en 2022 y 2023 para rebajarla. En otro tramo del audio, el directivo se fija un objetivo claro: "Hacer iteraciones" para “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”.

A partir de ahí, Gallart pide revertir el esfuerzo previo del centro: “Lo único que pido es: desandemos el camino”. Las fuentes presentes en la reunión confirman la veracidad del contenido, mientras que el CEO de Ribera Salud, a través de un portavoz, ha defendido  que sus afirmaciones deben entenderse en su “contexto”. Ese matiz, sin embargo, no ha evitado la cascada de reacciones políticas contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Denuncia lleva a despido

El País ha ahondado este jueves en su información, explicando que el grupo Ribera ha despedido al menos a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones de Gallart. Especifica que el 22 de octubre, "Pilar Navarro, que por entonces era gerente del hospital, cursó una denuncia interna en la web del grupo para alertar de estas prácticas", según documentos consultados por el diario. "Dos días después fue despedida".

A los cuatro días, tres miembros de la dirección asistencial de Ribera remitieron otra denuncia por el mismo canal. "La firmaban Carlos Catalán, director médico del grupo, María Josefa Soriano, directora de enfermería, y José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente. Los tres fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre", abunda la información. 

En sus denuncias, usan términos como "vulneración de los derechos de los pacientes" y "mala praxis asistencial" y reclaman una investigación interna que indague en posibles incumplimientos de compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se supone que es eso justo lo que se acaba de anunciar. 

Por supuesto, la empresa ha sido consultada por estas salidas y la explicación dada al medio del Grupo Prisa es que se decidió poner fin a la relación laboral con estas personas "debido a la pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, con motivos justificados que nada tienen que ver con el asunto en cuestión", o sea, lo desvinculan de la denuncia hecha en sí. "Los cambios en los puestos de responsabilidad son habituales en las organizaciones, y muchas veces van acompañados de denuncias en los canales internos, que son objeto de investigaciones internas para determinar su veracidad o no", abundan.

La gestión privada de hospitales públicos

La publicación de los audios ha reactivado el debate sobre el modelo de gestión privada de hospitales públicos, donde la financiación, la propiedad y el control del centro son públicos, mientras que la prestación del servicio recae en la concesionaria durante un periodo fijado. Ese equilibrio queda en cuestión con el estallido del escándalo de las listas de espera en el hospital de Torrejón para que el grupo Ribera Salud elevase sus beneficios en “cuatro o cinco millones”. Una polémica que ha servido para que se vuelva a tensar la relación entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. 

La Consejería de Sanidad ha movilizado a un equipo multidisciplinar para revisar in situ la actividad del centro y verificar la calidad del servicio. También convocó de urgencia a la directiva de Ribera, aunque la salida del CEO ha obligado a cancelar la primera reunión. El departamento que dirige Fátima Matute, por otro lado, ha asegurado que pedirá un nuevo encuentro "de manera inmediata" con “el máximo responsable de la compañía”. Además, asegura que tomará todas las medidas tras analizar los resultados de la auditoría interna.

Las reacciones a las grabaciones han elevado la presión sobre el Gobierno de Díaz Ayuso. Desde Moncloa, el presidente Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de “hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse” y ha señalado que la privatización de la sanidad “consiste en que el CEO de una empresa decida sobre la vida de la gente”. El presidente ha avanzado que, por otro lado, el Gobierno actuará "con todos los instrumentos del Estado” para defender el sistema público. 

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que se procederá a la apertura de una investigación, al tiempo que ha criticado que "se esté engrosando la cuenta de resultados de las empresas privadas” desde la Comunidad de Madrid. Esa línea es la que también ha seguido el secretario general del PSOE de Madrid Óscar López, que habla de “una vergüenza absoluta” mientras denuncia que las privatizaciones “convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos”. Tanto el PSOE-M como Más Madrid preparan acciones legales por lo que consideran una “grave vulneración del derecho a la salud” y una “perversión del uso de la sanidad pública”.