Exteriores reclamará el dinero gastado en rescatar españoles
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quiere fijar por ley la posibilidad de que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público desembolsado para pagar el rescate o asistencia de ciudadanos españoles en el exterior cuando éstos se hayan expuesto "voluntariamente" a una situación de riesgo.
Así consta en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior elaborado por el departamento que dirige José Manuel García-Margallo y al que ha tenido acceso Europa Press.
"Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje (...) o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio", reza el artículo 24 de la norma.
En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia, después de que otros dos cooperantes raptados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) fueran liberados en julio pasado.
Pocos días después de esa liberación, el Ejecutivo repatrió a una docena de cooperantes de los campamentos de Tinduf tras recibir una alerta de los servicios secretos sobre un plan concreto para secuestrar de nuevo a ciudadanos españoles.
El único español que decidió quedarse tuvo que firmar un documento por el que eximía al Gobierno español de toda responsabilidad sobre su persona mientras se mantuviera la recomendación de evacuación.
UNIDAD DE ACCIÓN
El principio que impregna todo el anteproyecto de la ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros.
En aras de la coherencia interna, la propuesta de ley permite a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno. El Ministerio de Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
El anteproyecto introduce aquí un aspecto muy novedoso, pues establece que ese informe de Hacienda "tendrá carácter vinculante cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria".
La norma recoge la oferta que García-Margallo ha hecho a las Comunidades Autónomas, y que ya se está aplicando, para que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas con el fin de ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio en la legación.
PROBLEMAS EN LA NEGOCIACIÓN
El ministro, cuya intención inicial era haber presentado el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del verano, reconoció el miércoles pasado que las negociaciones en torno al borrador de la norma que su departamento tiene preparado desde hace "cinco meses" no están siendo "en absoluto sencillas".
