POLÍTICA
29/04/2018 12:58 CEST | Actualizado 30/04/2018 07:53 CEST

El porqué de la sentencia de 'La Manada': un fracaso político y judicial

Susana Gisbert, fiscal especialista en Violencia sobre la Mujer, analiza la sentencia de 'La Manada'.

EFE

El 7 de julio de 2016, cinco hombres de fuerte complexión penetraron anal, vaginal y oralmente en un portal de Pamplona a una joven de 18 años ante la pasividad y el sometimiento de esta que, según la sentencia, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. Dos años después, los cinco miembros de 'La Manada' han sido condenados a 9 años de prisión por un delito de abusos sexuales. Han quedado absueltos de violación.

"No estoy de acuerdo con esta sentencia ni como jurista ni como fiscal", afirma Susana Gisbert, fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y Fiscal especialista de la Sección de Violencia sobre la Mujer. "Como tardaba tanto tiempo, algunos llegamos a temer que fuera absolutoria y, comparado con eso, nueve años no es cualquier cosa", prosigue. Aunque para ella no ha sido suficiente: "Espero que los recursos satisfagan a quienes intervinieron en el proceso".

La fiscal explica que el caso de 'La Manada' no es tratado como un caso de violencia de género porque la ley sólo considera así aquellos que se producen en el seno de la pareja o expareja. "Esto sería violencia machista", afirma. Una de las peticiones del Pacto de Estado contra la Violencia Machista que acordaron todos los partidos hace unos meses era tipificar este tipo de delitos —como el de Diana Quer— como violencia de género a nivel legislativo.

Esto significa que, en los casos de 'La Manada' o de Diana Quer, "los juzgados no tienen ninguna especialización en violencia de género". Cree que el hecho de tipificarlos así "es un paso importante y se quedó congelado. Si esto se considerase dentro de la violencia de género y se exigiera una formación y una especialización buenas, quizá las cosas cambiarían poco a poco".

Una ley se puede interpretar hoy de una manera y cambiarlo mañana

Al contrario del mensaje que parece haber dado esta sentencia a la sociedad española, Gisbert defiende que las mujeres no deben resistirse ante una agresión sexual para ser creídas y achaca el caso a la interpretación de la ley por parte de los jueces que han dictado la sentencia: "Una ley se puede interpretar hoy de una manera y cambiarlo mañana, dentro de los límites legales". Ella es optimista y cree que quizá el "revuelo, el movimiento y la sororidad haya hecho que se piense mucho y que haya un punto de inflexión, que asumamos que quizás hay algo que hay que hacerse mirar".

Gisbert apoya el hecho de que haya protestas en la calle: "No comparto las faltas de respeto, pero que la gente proteste igual que protesta una decisión del ejecutivo no está mal. ¿Por qué deberíamos plantearnos que está mal protestar contra el poder judicial, si es otro de los poderes del Estado?".

Ella estaba de acuerdo con el informe y la petición de 22 años de prisión por parte de la Fiscalía pero cree que "el tema no es tanto la pena sino la interpretación jurídica". A su juicio, los hechos probados describen "un hecho constitutivo de violación y no de abuso sexual".

¿Qué falta en el sistema judicial?

"Una formación, una especialización y perspectiva de género". Eso, para Gisbert, es lo que falta en los tribunales: "Las mujeres tenemos poca presencia y además, la especialización que en su día se contempló en la Ley de Violencia de Género no se hace con toda la fuerza que se debería y no podemos obviar que este caso, aunque no sea violencia de género legislativamente, sí que es violencia machista".

Poca (o ninguna) especialización y formación

Cuando se empezó a hablar de violencia de género, la ley obligaba a una especialización de los tribunales y decía que se crearían juzgados especializados, pero "esto se cumplió sólo por encima", explica Gisbert. "La mayoría de juzgados de violencia sobre la mujer en España que no son los de las principales capitales de provincia son, o bien juzgados especializados que sólo atienden en horario de oficina, o bien juzgados mixtos, que llevan muchas cosas a la vez además de esta violencia. En este último caso no se les proporciona especialización", explica, "puede que el juez o el fiscal se hayan molestado en enterarse, pero no les exigen formación para acceder ni se la proporcionan luego". Esa es una de las principales demandas: "Igual que hay especialización para determinados casos, como el terrorismo o la Fiscalía Anticorrupción".

Los únicos sitios donde los juzgados especializados tienen horario completo son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En el resto, una mujer "denuncia un sábado y le atienden pero le atenderá un juzgado de instrucción, no de violencia de genero", explica. Es decir, "si te maltratan un sábado por la tarde, te tienes que aguantar con un juzgado que no es de violencia. El interés es entre 1 y 0", afirmaba hace unos días en un encuentro con el Club de las 25, una asociación feminista. Estas mujeres serían atendidas por un juzgado de instrucción, por lo que "la orden de protección la resuelve un órgano distinto del que dice la ley".

¿Qué ha sido del Pacto de Violencia machista?

El Pacto de Violencia "se ha quedado en nada", según cuenta la fiscal. "Hay un montón de medidas en el pacto que se aprobaron y ya existen, como la consideración de menores como víctimas. Pero mientras no se pongan en marcha y no haya una inversión inicial, no sirve para nada. ¿De qué sirve que digamos que la violencia machista comprende cosas que no están en la ley si luego no se cambia el Código Penal o las Leyes de Enjuiciamiento?", se pregunta. Según ella, los juzgados de violencia contra la mujer siguen llevando sólo "la violencia dentro de la pareja, aunque el pacto diga otra cosa".

Gisbert cree que hay machismo en su profesión, como "en toda la sociedad". Ella lo ha notado incluso en los "comentarios del café": "En muchos compañeros veo un desprecio o consideración de que el tema de la violencia de la mujer es menor, menos jurídico...". Afirma que se invierte mucho más en la formación de gente que lleva delitos de carácter económico, por ejemplo, que en el maltrato hacia la mujer.

¿Especialización?

La experta también habla de la ausencia de especialización en estos casos. Cuando un juez accede a un juzgado mixto (aquellos que llevan violencia de género y otras cosas), "no le dan ninguna formación más que la que tiene en la escuela. Concursa por escalafón puro y duro. Nadie valora si sabe mucho o poco de violencia de género, si ha hecho ponencias... Se valora la antigüedad y el escalafón". Una vez que se accede, a veces les proporcionan un curso, "que en la práctica se hacen generalmente online".

Por otro lado, en las audiencias —que son las que resuelven los recursos— sí hay salas especializadas, pero sus miembros también concursan por escalafón y, "si hacen buenas resoluciones es porque ellos se han esforzado por su cuenta, no porque les hayan ofrecido formación".

Como dato positivo, Gisbert explica que "en la Fiscalía es diferente". Para acceder a las secciones de violencia sobre la mujer, "se nos pide que acreditemos los principios".

En resumen, opina que "lo más importante es la formación y, llegados a este punto creo que hay que ampliar el concepto de violencia hacia la mujer. La ley en su día fue buena, en el seno de la pareja, pero hay que ampliarla ampliando también los medios. Porque si no nos da más medios es imposible".

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