En Grecia califican de “histórico” algo que acaba de ocurrir en Madrid
Un juzgado madrileño ordena el cierre de diez apartamentos turísticos en el centro por vulnerar el derecho a la intimidad de una familia vecina.
Una familia madrileña ha conseguido lo que parecía imposible: cerrar diez pisos turísticos ilegales en pleno centro de la capital después de haberles destrozado la vida. El Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid ha firmado una sentencia que un medio griego, Lifo, ha calificado de "histórica" debido al precedente que sienta en plena crisis por el turismo masivo y el encarecimiento de la vivienda en España.
La resolución judicial afecta a un edificio que está cerca de la Plaza Mayor, donde el 75% de los 60 apartamentos se alquilan como pisos turísticos. Durante años, una familia con dos hijos menores ha tenido que convivir con vómitos en los patios, relaciones sexuales en el rellano, buzones destrozados, ascensores estropeados y las visitas continuas de la policía. "Sufrimos ansiedad, insomnio y estrés continuo", denunciaron. En algunas noches recurrieron incluso a un vigilante de seguridad para poder descansar.
La jueza ha desmontado uno a uno los argumentos que había presentado la compañía que gestionaba los apartamentos, que intentaron restarle gravedad al asunto asegurando que se trataban de molestias propias de cualquier comunidad de vecinos. Sin embargo, la magistrada ha calificado lo que ocurría allí de actos "insalubres", "inmorales" e “ilegales”, concluyendo que vulneraban el derecho fundamental a la vida privada y familiar. Por eso ha ordenado el cierre inmediato de los diez apartamentos turísticos y ha obligado a los responsables a indemnizar a la familia con casi 39.000 euros.
Una sentencia que cambia el tablero
“El problema no ha sido si los pisos eran ilegales, sino si las actividades que allí se realizaban atentaban contra la dignidad y la salud mental de los vecinos”, ha explicado el abogado de la familia, Miguel Ángel Rubio. El fallo recoge pruebas concretas: destrozos en las zonas comunes, acumulación de objetos que impedían el paso, actos sexuales en espacios compartidos y una degradación generalizada del edificio. Para la jueza, todo eso ha bastado para acreditar la “grave afectación psicológica” sufrida por los denunciantes.
Este caso no ha estallado en cualquier momento. Coincide con una oleada de protestas por el precio de la vivienda. En la última década, los alquileres han subido un 80%, muy por encima de los salarios. Según datos citados, casi la mitad de los inquilinos en España dedica más del 40% de sus ingresos a pagar la casa, frente al 27% de media europea.
Las administraciones han empezado a moverse. El Ayuntamiento de Barcelona quiere eliminar todas las licencias de pisos turísticos antes de 2028. El Gobierno central ha exigido a Airbnb que retire más de 65.000 anuncios ilegales. En Madrid funcionan sin autorización más de 15.200 apartamentos. La sentencia dictada en la capital abre un nuevo frente judicial porque por primera vez la justicia ha priorizado los derechos de quienes intentan simplemente vivir en paz.
