El alto tribunal estima parcialmente el recurso y considera que el Estado carece de competencia para la creación de la 'ventanilla única'. Eso sí, lo hace admitiendo que el modelo se está usando "para eludir la normativa estatal sobre los alquileres de larga duración".
La mayoría de la ciudadanía responsabiliza de la falta de oferta para alquilar a las viviendas turísticas, los contratos de habitaciones y de temporada o la compra especulativa.
La turistificación está convirtiendo muchas zonas de las ciudades españolas en centros comerciales al aire libre, en platós de televisión, denuncian los expertos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la compañía. Todavía cabe recurso de reposición ante este mismo tribunal.
El año pasado se batieron récords en adquisición de viviendas en prácticamente todas las capitales de provincia españolas, superando las cifras de los registros más elevados, hace 20 años.
El plazo para presentar el modelo informativo anual termina el 2 de marzo de 2026 y no hacerlo puede suponer la revocación del Número de Registro Único (NRUA) y la salida de plataformas como Airbnb o Booking.
El Ministerio de Bustinduy impone una sanción que supone seis veces el beneficio ilícito obtenido por la compañía durante el tiempo en el que se alargó la infracción.
El presidente del Gobierno ha adelantado que este instrumento que será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros elaborará un "atlas de intensidad turística por barrios" para facilitar la convivencia entre turistas y residentes.
Este año vence la friolera de unos 340.000 alquileres de larga duración, con un mercado de la vivienda aún más tensionado que hace un lustro y que puede traducirse en subidas de precios en el proceso de renovación. Si hay posibilidad de renovar, claro.
El Superior madrileño da la razón por segunda vez al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en lo relativo a la medidas cautelares solicitadas, por las que la multinacional tuvo que sacar dichos anuncios de su plataforma el pasado julio.
El objetivo es el de quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas, "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos". La crisis de la vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, según el CIS.
El objetivo es "regular el uso residencial y el uso turístico en toda su extensión y complejidad" y adaptarlo "a la nueva situación social y económica de la ciudad".