POLÍTICA
16/02/2021 11:36 CET | Actualizado 16/02/2021 11:38 CET

El Gobierno abre la vía a reclamar 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia

La ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.

Marcelo Del Pozo / Reuters
Una imagen del interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba(REUTERS/Marcelo del Pozo).

El Consejo de Ministros remite este martes al Congreso un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de los mismos.

Según ha publicado eldiario.es y han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la encargada de presentar ese informe en la reunión del Consejo.

El PSOE ha venido reclamando desde hace años la publicación de ese listado de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno.

En concreto, se pidió que enumerase los bienes inmatriculados por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998, que fue la fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria.

Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.

El Congreso ya instó hace cuatro años a analizar los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la Mezquita de Córdoba.

Con la remisión del informe del Gobierno al Congreso, este listado será público y los particulares podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.

La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

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