Un juez admite a trámite la querella contra los comisionistas del material sanitario del Ayuntamiento de Madrid
La justicia llamará a declarar a los dos empresarios implicados por los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El juez de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntamente cobrar comisiones millonarias en la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, han informado fuentes jurídicas.
La querella atribuye a los supuestos comisionistas la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
En próximas fechas, y entre otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.
Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento, según apuntas las mismas fuentes.
Las distintas versiones
El propio alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, anunció ayer que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado con el objetivo de “ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero”.
Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.
Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, un extremo que ayer negó la Alcaldía capitalina.
Se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. “En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”, subraya el escrito de la Fiscalía.
