Una comisión de europarlamentarios visita el mes que viene España para conocer los casos. Las víctimas confían en que apuntale su denuncia por lesa humanidad.
“Hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña del Gobierno" para 'limpiar' el país de traficantes y de consumidores, que el presidente lleva muy a gala.
La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostiene que hay "dudas" sobre los principios de distinción y proporcionalidad en el daño.
Se calcula que entre 1940 y 1996 se sustrajeron unos 300.000 recién nacidos en toda España. Con más de dos mil denuncias interpuestas, sólo ha habido dos imputados y ninguna condena.
Tras la iniciativa de Dignidad y Justicia, pedirá cuentas al Gobierno y a los jueces sobre esta "herida europea" sin cerrar y quiere mandar una delegación para investigar.
El alto comisionado para los Derechos Humanos alerta de que "hay un peligro real" de que las tensiones se intensifiquen más al "machacar el Gobierno instituciones democráticas y voces críticas", con procesos penales contra opositores, detenciones arbitrarias y hasta torturas.
Las fuerzas armadas de Sudán han lanzado ataques generalizados contra cientos de aldeas, cometiendo crímenes de guerra y graves abusos de derechos humanos, entre ellas bombardeos, homicidios, violaciones y uso de tácticas de "tierra arrasada". También hemos hallado indicios sustanciales -incluidas las fotografías- del uso de armas químicas para matar y mutilar a civiles, entre ellos niños y niñas.
La Corte Penal Internacional condenó el 21 de junio de 2016 a Jean-Pierre Bemba Gombo a 18 años de prisión por graves crímenes cometidos en la República Centroafricana entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de 2003. Antes, en el mes de marzo, el tribunal encontró a Bemba culpable de asesinato, violación, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.