Así agradecía Pepi el apoyo a todos los que han intentado evitar su desahucio. La resistencia vecinal no ha podido impedir que finalmente tanto ella como Rosi, Mayra, Juani y sus familias se queden en la calle. Entre esas familias hay un bebé de un mes y una persona discapacitada. Sus casas han sido tapiadas por la policía y sus objetos han quedado dentro de los que eran sus hogares. Los alquileres de algunos de estos vecinos han subido vertiginosamente, en el caso de Rosi, de 400€ a 1.700€ mensuales. A pesar de que la ONU ha pedido que se paralicen sus desahucios y que políticas del Ayuntamiento de Madrid, como Manuela Carmena o Rita Maestre, hayan apelado a que los tribunales escuchen esas recomendaciones de la ONU, los desahucios han seguido su curso por orden judicial.