Deuda no, impuestos progresivos sí

Deuda no, impuestos progresivos sí

¡Ya era hora! El anuncio de que el ECOFIN ha desbloqueado el ensayo de una, aunque tardía, primera aproximación a la "tasa de transacciones financieras".

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¡Ya era hora! El anuncio de que el ECOFIN ha desbloqueado el ensayo de una, aunque tardía, primera aproximación a la "tasa de transacciones financieras" (TTF) -por "cooperación reforzada", vinculante solamente para los 11 Estados miembros (EEMM) que la han impulsado- abre un debate necesario sobre la fiscalidad en la UE. Y evoca otros no menos importantes sobre la vinculación histórica entre el poder tributario -y su conexión con el poder presupuestario- y la afirmación histórica del constitucionalismo y el parlamentarismo.

Desde el inicio de la crisis, los socialistas europeos hemos venido urgiendo la adopción y puesta en marcha de esta novedosa herramienta. Tanto como palanca para el saneamiento de las maltrechas arcas públicas, cuanto como expresión de rearme de lo público frente a los poderes fácticos financieros y hedge funds (fondos de alto riesgo) que nos arrastraron a la catástrofe y no han pagado por ello.

Pomposamente llamada "tasa Robin Hood" (por disuasoria de los abusos usurarios de los poderes financieros, y por su potencial vocación redistributiva), lo cierto es que la iniciativa remeda, sin asimilarla, la reivindicada "tasa Tobin" en su momento ideada por quien fuera Premio Nobel de Economía fallecido en 2002, James Tobin. Se trata aquí de interponer una tributación sobre el producto financiero, lo mismo que se grava con IVA, en su generalidad, la actividad productiva y el consumo de bienes. No sólo supone un control a la especulación pura y dura, sino que posibilita una recaudación (que ascendería, según el tipo de gravamen, oscilante, y del tipo de producto, a cerca de 50.000 millones de euros) de los que podrían beneficiarse -y ahí esta ahora el debate- tanto las cuentas europeas (incorporando esta tasa a los denominados "recursos propios" de la UE) como los de los EEMM.

¡Este paso camina en la dirección de la recuperación de la fiscalidad! Sí, de la fiscalidad: esto es, de la exacción legítima y necesaria que los poderes públicos tienen el deber de imponer a las fuentes de riqueza y a sus manifestaciones para poder cumplir con los cometidos que explican su razón de ser.

Abandonada durante décadas, desde la exaltación de la desregulación impuesta por el llamado "consenso de Washington" que ha venido dominando el capitalismo global desde los años 80, la actividad impositiva es ahora, más que nunca, del todo determinante para salir del agujero de esta "Gran Recesión". Es por haber renunciado a la fiscalidad que los EEMM se han abandonado al endeudamiento, sometiéndose a la especulación predatoria de los llamados "mercados".

Durante los últimos años, todos de mal en peor, el debate sobre la fiscalidad en Europa ha resultado sesgado por el enfoque reductivo y abyecto que ha sido impuesto por la coalición conservadora dominante en todas las instituciones de la UE. Esta distorsión del concepto de la fiscalidad ha resultado decisiva en el manejo de la crisis y en el desastroso saldo antisocial que ha arrojado hasta la fecha. Así, se nos ha hecho pasar por "Pacto Fiscal" (Fiscal Compact), desfachatadamente, lo que no ha sido en verdad sino la imposición de un trágala de corsés presupuestarios -con trituración de capítulos inversores y sociales- y de marcos constrictivos para la elaboración de los presupuestos de los EEMM, en el denominado "semestre europeo".

Desde semejante enfoque -sesgado, insuficiente y fallido- se ha eludido en todo momento debatir en lo más mínimo el capítulo de los ingresos. Se nos ha impedido así debatir la suficiencia y equidad de los ingresos fiscales, forzados como hemos estado a "recortar" los gastos de manera draconiana, aunque ello comportara estrangular la inversión productiva y condenar el modelo social europeo a la proclamación de su "insostenibilidad".

¡No saldremos de ésta sin recuperar los impuestos y hacerlos de verdad progresivos! El debate sobre los tributos está en el origen mismo del constitucionalismo. A ambos lados del Atlántico. De un lado, la Revolución americana contra la tiranía de los Hannover británicos arrancó en el Tea Party (el auténtico, el bostoniano de 1773, no su secuela, que encubre 240 años después a la nueva extrema derecha de EEUU), demandando la sujeción de toda imposición de exacciones a la representación de la ciudadanía. De otra, la Revolución británica de 1648 había adoptado como lema precisamente la exigencia del principio "No taxation without representation!" (¡No a los impuestos sin ser representados!).

La profunda crisis que ha sumido a la UE en esta Gran Recesión no sólo revalida con fuerza ese emblemático axioma revolucionario, que se encuentra en el origen del parlamentarismo y del constitucionalismo, sino la provocadora transposición de los factores del binomio: "No representation without taxation". No hay comunidad política ni experiencia federal, -y esa debería de ser la aspiración de la UE- que aspire a dar satisfacción o respuesta democrática a las expectativas de la ciudadanía, y pueda no obstante sostenerse en pie sin una fiscalidad justa y una tributación equitativa y progresiva, que proporcione los recursos para la procuración de bienes públicos y de protección social a los desfavorecidos por la desigualdad en origen de las oportunidades.

Ese debate es ahora impostergable en Europa. Y plantea dos retos inminentes:

  • Primero, recuperar la (abandonada) progresividad fiscal para relanzar la inversión productiva y la generación de empleo, y removiendo, además, las inequidades tributarias entre los EEMM y las injusticias fiscales en el reparto de la carga y de sacrificios en los EEMM. Hay que consolidar no sólo la TTF, sino impuestos ambientales (carbon taxes) y contra la especulación.
  • Segundo, vincular la celebración de las elecciones europeas- y, consiguientemente, el mandato del Parlamento Europeo (de cinco años)- a la definición del Marco Financiero Plurianual (MFP) por los mismos cinco años. De modo que los ciudadanos sepan que, cuando votan, están determinando con su voto la correlación de fuerzas que asignará los recursos necesarios; su suficiencia para cumplir los objetivos proclamados (en lugar de traicionarlos); y su equidad y justicia para combatir la insoportable desigualdad en el reparto de las cargas y de los sacrificios en la que, hasta la fecha, se salda el manejo de la crisis que se ha practicado en la UE.

En suma, es hora de afirmar, a lo largo y ancho de la UE: No representation without taxation!

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).