El último anuncio del Gobierno en materia de vivienda se topa con el 'no' de los socios del PSOE y del Sindicato de Inquilinas: "Refuerza el paraíso fiscal del rentismo"
Desde el Sindicato de Inquilinas hasta los socios del PSOE, ya sea en Gobierno o de investidura, nadie aprueba el incentivo fiscal a los caseros.
Si hace unos meses el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, avisaba al Gobierno de que lo que podía acabar con la legislatura era la crisis del acceso a una vivienda digna y asequible, este lunes el diputado catalán se ha visto obligado a endurecer el lenguaje, acaso por hacerlo entender de otra manera. Para Rufián ya no es que la vivienda pueda poner en riesgo el Gobierno de coalición, no, es que, de no solucionar el problema, la izquierda puede irse "al carajo para lustros". Es la única expresión que ha encontrado el republicano para resumir las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Como en aquella declaración de independencia de Cataluña que el propio Carlos Puigdemont suspendía pocos segundos después de anunciarla, este lunes Pedro Sánchez pasó de atacar a quienes usan "la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos a costa del sufrimiento de familias" a proponerles muy poco después un incentivo fiscal. El gran anuncio del Gobierno para frenar la especulación no consiste en gravar a quien suba el precio, ni en poner un tope a los costes disparatados que ya existen, sino en compensar a los caseros que decidan no cobrar todavía más. Da igual el número de viviendas que se tengan. Si un propietario aboga por no incrementar el precio al que alquila su vivienda, podrá ahorrarse el 100% del IRPF, aunque tampoco es obligatorio.
Como era de esperar, el anuncio de Sánchez ha sentado mal a todo el espectro político a la izquierda del PSOE, pero también a las organizaciones que luchan desde hace tiempo por frenar la especulación en el mercado de la vivienda. Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, denuncia que el Gobierno opte por "reforzar el paraíso fiscal del rentismo mientras un millón de inquilinos están en riesgo de expulsión". "El negocio del rentismo consiste ahora en expulsarnos para alquilar de nuevo a un 30 o un 40% más, o al doble de precio. Se trata de un modelo extremadamente rentable y una bonificación fiscal no va a frenar esta dinámica", dice.
No se trata de la primera vez, ni del primer Gobierno, que ofrece ventajas fiscales a los rentistas. Además de ser cada vez más ricos, en parte gracias a ello, también son uno de los sectores de población con más incentivos fiscales. Una vez más, como recoge el investigador Jaime Palomera en su libro 'El secuestro de la vivienda', "el Estado premia a quien vive de rentas y castiga a quien trabaja".
En su libro, Jaime Palomera propone un ejemplo para entender el regalo que suponen los beneficios fiscales para los caseros: dos personas perciben al año 28.000 euros, pero una de ellas gracias a dos pisos que tiene en el mercado del alquiler y la otra, por su trabajo como falsa autónoma. Pese a ganar lo mismo, la primera tributa mucho menos, 551 euros, mientras que la otra paga de IRPF unos 3.500 euros. "En lugar de aumentar los impuestos para desincentivar la especulación, se opta siempre por bajarlos, cuando la única certeza es que esto solo sirve para transferir millones de euros del Estado a una minoría social privilegiada", explica Palomera en su libro.
El mercado de la vivienda está tan pervertido que hasta las ayudas a los inquilinos repercuten en los caseros. Si el Estado te ayuda a financiar un porcentaje de tu alquiler, pues te subo el precio esa misma proporción. Como denuncia Jaime Palomera, se trata de un juego del Monopoly viciado desde el inicio. Los rentistas, los caseros, son cada vez más ricos mientras, como afirma el portavoz del Sindicato de Inquilinas, los arrendatarios se ven obligados a destinar "un 60 o un 70% de su salario mensual al pago del alquiler". "El Gobierno está premiando fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos. Hace falta bajar los precios, no recompensar a quienes los mantienen, además de que se permite elegir entre bonificación o subir el alquiler y expulsar al inquilino. Convierten el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo", detalla Pablo Pérez.
El anuncio del Gobierno no solo ha sido recibido de mala gana por las organizaciones que luchan desde hace tiempo para frenar la especulación en el mercado de la vivienda, sino que no ha sido bien percibida en ningún partido que se sitúa a la izquierda del PSOE. Si Rufián alertaba de que la izquierda se puede ir "al carajo", desde Sumar, socios de los socialistas en el Gobierno, ya han avanzado que no apoyarán los incentivos fiscales propuestos por Sánchez. "No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha denunciado el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Tampoco los socios de investidura apoyan la medida. Para Oskar Matute, diputado de EH Bildu, es una "tomadura de pelo" pretender "regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más". La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha ido un paso más allá. "Que ardan las calles", ha pedido la exministra de Igualdad, para quien "lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón". "Paga la gente y se enriquecen los mismos", ha dicho.
El presidente del Gobierno ha anunciado las tres medidas de choque para tratar de paliar la crisis de vivienda. Así será el próximo real decreto-ley que deja fuera la reclamación de Sumar para la prórroga automática de los alquileres que vencen este año durante la 'gran revisión'.
