El expresident catalán fue detenido el 23 de septiembre y quedó libre tras 24 horas arrestado. Ahora los jueces italianos deben decidir sobre su extradición a España.
El órgano fiscalizador solicita un informe urgente a la Abogacía del Estado que analice los créditos del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas de los encausados por la promoción internacional del 'procés'.