En el año 2016, la fase de transparencia 1.0 se dio por terminada y comenzó el impulso de la transparencia 2.0, que supone el paso de la obligación a la devoción, de lo ajustado a lo que es justo, de lo mínimo a lo máximo, del hacer por el creer, de la concepción de que el garantizar el derecho de acceso, el derecho a saber, es cosa de todos.
Con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en 2013, España se colocó al lado de los países europeos que ya tenían Ley, ¡algunos desde hace 250 años! Una Ley que comienza diciendo: "La transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno DEBEN ser los ejes fundamentales de toda acción política".
Durante la sesión de apertura de la XII Legislatura en el Congreso se pudo escuchar, de forma nítida y contundente, que el diálogo es el signo de los nuevos tiempos y que la negociación es el camino de los progresos. El Rey habló alto y claro y dijo que "el pueblo español nos pide que dignifiquemos la vida pública y que prestigiemos nuestras instituciones".
Donald Trump es un señor que tiene tal aversión a pagar impuestos que, sencillamente, ha dejado de pagarlos. Ese dato es muy desalentador sobre la futura colaboración de EEUU con Europa para combatir la gigantesca evasión fiscal que constituye una de las vergüenzas más notables del planeta en el que vivimos.
En estos días, en los que no dejamos de escuchar cómo nuestros políticos entran en un sinfín de círculos dialécticos para no avanzar hacia la solución de un Gobierno estable, la transparencia vuelve a aparecer en todos los discursos y en todas las manifestaciones. Mientras esto ocurre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Consejo), trabaja, trabaja y espera.