Aborto y Constitución

Hay momentos en los que la historia deja de esperar, y este es uno de ellos. España mantiene hoy una deuda democrática con las mujeres: blindar el derecho al aborto en la Constitución. No se trata solo de una cuestión jurídica o política, sino, sobre todo, de libertad, dignidad y justicia histórica.

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte del núcleo esencial de cualquier democracia avanzada. Hablar de aborto es hablar de salud sexual y reproductiva, pero también de autonomía personal, igualdad real y ciudadanía plena. Sin embargo, en España este derecho sigue dependiendo de mayorías parlamentarias cambiantes, lo que lo expone a retrocesos y a los vaivenes ideológicos.

En este contexto, el reciente paso dado en el Consejo de Ministras y Ministros abre una oportunidad histórica. La propuesta de reformar el artículo 43 de la Constitución (con el aval del Consejo de Estado) para incluir la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo supone un avance de gran calado. No es una medida menor: implica elevar este derecho al máximo nivel de protección jurídica, integrándolo en el derecho a la salud y reforzando su garantía como servicio público esencial.

De aprobarse, España se situaría a la vanguardia europea en la defensa de los derechos de las mujeres. No solo se reconocería el derecho, sino que se garantizaría su ejercicio en condiciones sanitarias adecuadas en todo el territorio. Este punto es fundamental: no basta con que el derecho exista sobre el papel, debe poder ejercerse de manera efectiva, en igualdad de condiciones, vivas donde vivas y gobierne quien gobierne.

Además, esta iniciativa responde a una realidad que no puede ignorarse: la existencia de corrientes regresivas que también intentan abrirse paso en nuestro país. En un contexto internacional donde los derechos de las mujeres están siendo cuestionados en distintos lugares, blindar constitucionalmente el derecho al aborto actúa como una barrera frente a posibles retrocesos. Es una garantía tanto para el presente como para el futuro.

La propia Constitución española, que ha sido el marco de convivencia durante más de cuatro décadas, apenas nombra a las mujeres, lo que evidencia una invisibilización histórica. Hoy, en una sociedad mucho más consciente de la igualdad, esa ausencia resulta difícilmente justificable. La Constitución debe dejar de ser un texto que menciona a las mujeres de forma marginal y convertirse en una herramienta que garantice explícitamente sus derechos.

Incorporar el derecho al aborto en la Constitución no es un gesto simbólico ni un capricho político. Es una necesidad democrática. Supone reconocer a las mujeres como sujetos de pleno derecho, capaces de tomar decisiones sobre sus propias vidas sin tutelas ni imposiciones. También implica proteger ese derecho frente a intentos de recorte que, como demuestra la experiencia, no son una amenaza lejana.

La historia reciente de España lo confirma con claridad. Los avances en igualdad han estado vinculados a gobiernos progresistas. En 1985 se despenalizó el aborto en tres supuestos y en 2010 se dio un paso decisivo con la ley de plazos, que reconoció el derecho a decidir hasta la semana 14. En los últimos años, además, se han reforzado la cobertura sanitaria y los derechos de las mujeres, garantizando su acceso en el sistema público y compatibilizándolo con la objeción de conciencia del personal sanitario.

Frente a estos avances, la derecha ha mantenido una posición de oposición constante. Recurrió la ley de 2010 y en 2014 impulsó una reforma que suponía un retroceso incluso respecto a la normativa de 1985. Solo la movilización masiva del movimiento feminista, junto con fuerzas políticas progresistas y miles de ciudadanos y ciudadanas, logró frenar aquella iniciativa. Episodios como el Tren de la Libertad demostraron la capacidad de la sociedad para defender sus derechos y evitar su regresión.

Aquella experiencia dejó una lección clara: los derechos no son irreversibles. Por ello, blindar el derecho al aborto en la Constitución es también una forma de proteger la calidad democrática del país. Supone afirmar con claridad que la libertad de las mujeres no es negociable.

España, además, no puede quedarse atrás en un contexto internacional en el que otros países están avanzando en esta dirección. Francia, por ejemplo, ha incorporado recientemente el derecho al aborto en su Constitución con un amplio consenso político y social. Incluso la derecha y la ultraderecha han entendido que se trata de un derecho básico e irrenunciable. Este precedente debería servir como referencia y reflexión para el debate en España.

Este momento exige también memoria. Durante décadas, muchas mujeres lucharon —a menudo en la clandestinidad— para conquistar derechos fundamentales. Gracias a su valentía, perseverancia y convicción, hoy es posible hablar de libertades que antes eran impensables. A ellas se les debe el camino recorrido y a la sociedad actual le corresponde consolidar y proteger esos logros.

Blindar el derecho al aborto en la Constitución no es solo una medida para el presente, sino un compromiso con el futuro. Significa garantizar que ninguna mujer vuelva a ver cuestionada su libertad para decidir sobre su propio cuerpo. Supone asegurar que la igualdad deje de depender de mayorías coyunturales y se convierta en un principio sólido e inquebrantable.

"Siento que llegó nuestra hora, esta es nuestra revolución" (Amaral). Más que una frase, es una convicción compartida. Porque la democracia española no estará completa hasta que reconozca plenamente la libertad de las mujeres. Y este reconocimiento pasa, necesariamente, por situar el derecho al aborto en el corazón de la Constitución.

Susana Ros Martínez. PSOE. Presidenta Comisión de Igualdad Congreso.