Hungría ante el Derecho UE: ¿cambio, después de Orbán?
Fydesz no es su némesis, sino una alternativa a Orbán surgida de su gemación mediante un "desprendimiento" interno que comparte con su matriz posiciones nacionalistas y conservadoras.
Mucha tinta ha corrido desde que, en las elecciones generales húngaras del pasado 12 de abril, se consumase la derrota electoral de Victor Orbán y su partido Fydesz a manos del Tisza de Peter Magiar, en una cita tan largamente ansiada por sus oponentes tras 16 años de implacables mayorías absolutas, desde 2010 hasta el 2026.
Bibliotecas enteras de Ciencia Política y Derecho Constitucional han venido dando cuenta del Constitutional Breakdown ("desmoronamiento constitucional") causado por la despiadada regresión iliberal impuesta por el Gobierno Orbán: empezando por una drástica reforma electoral que, en 2010, estableció el “premio de mayoría” por el que 2/3 del Parlamento húngaro (unicameral) se asignaban directamente al ganador de las elecciones (aunque fuese con porcentajes menguantes en el curso de los años), continuando después por la captura de todos los órganos constitucionales (Oficina Judicial, Consejo Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional…) y todos los contrapesos (Televisiones públicas y privadas, Consejo de Medios, Consejos académicos y Rectorados, Juntas Electorales…), pasando por la corrupción masiva y enriquecimiento personal del entorno del primer ministro Orbán, con abuso de los Fondos europeos, no dejó su paso por el poder títere con cabeza en Hungría.
A lo largo de los años, en la medida en que el desafío de Orbán contra el Derecho europeo se recrudecía, las Instituciones de la UE hicieron cuanto estuvo en su mano para contener el daño y reaccionar contra él: la Comisión Europea, con sus procedimientos de infracción y suspensión del acceso a los Fondos por aplicación del Reglamento de Condicionalidad de 2021; el Parlamento Europeo (PE),con su sanción extraordinaria del art.7.TUE por violación de los valores constitucionales comunes del art.2 TUE en 2016; el Consejo de la UE con Hearings sobre art.7 TUE; el TJUE, con reiteradas condenas a Hungría por incumplimiento de sus obligaciones.
No ha de perderse de vista que, como tuve que explicar en numerosas ocasiones durante mis mandatos como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE, competente para el Marco UE de Estado de Derecho), el Derecho de la UE no contempla ningún procedimiento ni técnica alguna practicable para expulsar a un Estado manifiestamente incumplidor de sus obligaciones o en grosera violación de los principios constitucionales consagrados en el art.2 TUE (Estado de Derecho, dignidad de la persona, igualdad y no discriminación, democracia representativa, imperio de la ley, separación de poderes, con un Poder Judicial independiente que garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía, respeto del pluralismo, protección de minorías, …). En ausencia de una cláusula de exclusión forzosa, la Hungría de Orbán no sólo se instaló en un contrapedal ofensivamente disfuncional para el conjunto de la UE, sino que bloqueó con su veto muchas decisiones requeridas de unanimidad en Política Exterior, Seguridad y Defensa (sanciones contra Rusia, ayuda financiera a Ucrania, …) e incluso chantajeó a todos los demás conminándoles a levantar la suspensión de Fondos (condicionada al cumplimiento del art.2 TUE).
No he participado de la celebración del triunfo del Tisza de Peter Magyar como un "triunfo del europeísmo" y un regreso de Hungría a las reglas de la UE. Desde el punto de vista cuantitativo, los 2/3 de que dispone el nuevo primer ministro en el Parlamento húngaro son, irónicamente, la aplicación (a la inversa) del mismo sistema electoral que mantuvo a Orbán en su poder absoluto durante 16 años.
Cualitativamente, porque Magyar procede de Fydesz; no es su némesis, sino una alternativa a Orbán surgida de su gemación mediante un "desprendimiento" interno que comparte con su matriz posiciones nacionalistas y conservadoras en emplazamientos principales de la agenda de retos de la UE.
Es cierto que, producido el cambio, hay razones para la esperanza en el futuro, como las hay, desde luego, para alegrarse del descalabro de Orbán, tantas veces aplazado como irrenunciable para el futuro de la UE.
Llamativamente, el duelo electoral que finalmente ha puesto fin (hasta la fecha) al interminable régimen iliberal de Orbán ha venido acompañado de una sentencia decisiva del TJUE: se trata del Case C-769/22 (Commission v Hungary: Values of the EU), de 21 de abril de 2026.
En esta decisión histórica, el TJUE sienta jurisprudencia con mayor contundencia que nunca acerca del carácter jurídicamente vinculante de los valores constitucionales comunes del art.2 TUE para los EEMM. Lo hace a propósito de la declaración taxativa y contundente de incompatibilidad con el Derecho de la UE de las Leyes antiLGTBI+ aprobadas por la mayoría absoluta de Fydesz en el Parlamento Húngaro.
En efecto, en la relevante decisión dictada por el TJUE —por cierto, a pocas fechas del día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, 17 de mayo—, no solo son incompatibles con el Derecho primario de la UE, sino directa violación del art.2 TUE, las infamantes cláusulas de la Ley LXXIX/2021 estableciendo la "estigmatización" y "marginación" de las personas LGTBI+, equiparando su orientación sexual con la pedofilia y prohibiendo la difusión de contenidos pedagógicos relacionados con la diversidad sexual en el sistema educativo, desde la premisa del carácter supuestamente "contagioso" de esa información transmitida en la formación curricular sobre las nuevas generaciones, así como de la prevención de una (no menos delirante) "ideología gay" que los "poderes de Bruselas" estarían intentando imponer sobre la soberanía húngara y sobre su "sagrado deber" de proteger a sus menores manteniéndolos fuera del alcance de tan diabólica estrategia del “"lobby queer" de la UE.
Como hemos venido afirmando en los debates del PE quienes confrontamos tales tesis por su frontal oposición a los principios constitucionales que obligan a todos los EEMM, la orientación sexual no es "enfermedad contagiosa" ni "imposición ideológica", sino libertad ejercida desde la igual dignidad protegida por la CDFUE. El odio, en cambio, sí es un mal ideológicamente contagioso, con gran poder de difusión a través de la mentira y de la represión.
La STJUE de 21 de abril de 2026 —Comisión vs Hungría— es, pues, un antes y un después, no solo de la posición de Hungría ante el Derecho de la UE, sino del papel del TJUE como último garante del "respeto" a ese Derecho (que incluye la CDFUE) en todos los EEMM.
