Ayuso no cumple con los pacientes de ELA

Uno de los momentos más gratificantes que he vivido como diputado fue la aprobación, el 10 de octubre de 2024, de la Ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en el Congreso de los Diputados, con 344 votos a favor y ninguno en contra. Aquel día demostramos que, cuando existe voluntad política y sensibilidad, es posible alcanzar grandes consensos para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan.

La Ley ELA nació con un objetivo claro: garantizar una atención integral y digna a quienes padecen esta enfermedad y otras patologías neurológicas irreversibles. Se trató de una normativa pionera, impulsada tras años de reivindicaciones de pacientes, familiares y asociaciones que llevaban demasiado tiempo reclamando una respuesta eficaz de las administraciones públicas.

La aprobación de esta ley supuso un avance histórico. Entre otras medidas, se creó el Grado III+ de dependencia, un nivel destinado a personas con dependencia extrema, que necesitan asistencia continuada y especializada las 24 horas del día. Además, se estableció una prestación económica directa de hasta 10.000 euros mensuales para garantizar cuidados profesionales permanentes a los enfermos de ELA en fases avanzadas. Hablamos de personas que requieren atención constante para realizar tareas básicas como comer, moverse o respirar, y de familias que, en muchos casos, quedan completamente desbordadas por la carga física, emocional y económica que supone esta enfermedad.

Posteriormente, el Gobierno de España aprobó, el 21 de octubre de 2025, un fondo económico de 500 millones de euros destinado a financiar esta ley y distribuir los recursos entre las comunidades autónomas. Tal y como se acordó, esta financiación debía ser complementada por las propias comunidades, ya que se trata de una prestación sufragada al 50% entre el Estado y las autonomías.

Existía un consenso político y social prácticamente unánime sobre la necesidad de priorizar la atención a los pacientes de ELA. Nadie cuestionaba que esta ley representaba un compromiso de humanidad, dignidad y justicia social. Sin embargo, ese consenso se ha roto en la Comunidad de Madrid por decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha decidido no aportar la financiación que le corresponde para completar estas ayudas. Como consecuencia, los pacientes de ELA en Madrid verán recortadas sus prestaciones en torno a un 40%. Es decir, mientras el Estado cumple con su parte, la Comunidad de Madrid abandona a quienes más necesitan el respaldo de las instituciones públicas.

Resulta especialmente grave que esto ocurra precisamente en la comunidad autónoma más rica de España. No hay argumentos para justificar semejante abandono hacia las personas más vulnerables, más aún, cuando hablamos de un gobierno regional que destina miles de millones de euros a contratos sanitarios con grandes empresas privadas, como Quirón, y que no duda en gastar importantes cantidades de dinero en campañas de imagen y viajes institucionales.

La realidad es que para el Gobierno de Ayuso siempre hay recursos para determinadas prioridades, pero nunca para reforzar los servicios públicos o garantizar derechos sociales esenciales. Lo estamos viendo en la sanidad pública, en la educación, en la dependencia y, ahora, también con los enfermos de ELA.

La ELA es una enfermedad cruel y devastadora. Avanza rápidamente, limita la autonomía de quienes la padecen y obliga a las familias a reorganizar completamente sus vidas. Quienes sufren esta enfermedad no necesitan discursos vacíos ni enfrentamientos partidistas; necesitan apoyo, recursos y compromiso institucional.

Ayuso vuelve, una vez más, a situarse fuera del consenso y a gobernar desde la confrontación permanente. Frente a una ley respaldada por todos los grupos políticos y construida desde el acuerdo, ha optado por el bloqueo y la insensibilidad. Es el mismo modelo de siempre: privilegios para unos pocos y recortes para la mayoría, incluso cuando hablamos de personas que atraviesan circunstancias límite.

Desde el PSOE no vamos a dejar de defender a las personas que sufren ELA ni de exigir el cumplimiento íntegro de esta ley. Seguiremos reclamando que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad y garantice las ayudas comprometidas. Porque esto no es una cuestión partidista, ni una batalla política más. Es una cuestión de humanidad, de dignidad y de respeto hacia quienes más necesitan el apoyo de las instituciones públicas.

Javier Rodríguez Palacios es diputado por Madrid del Grupo Parlamentario Socialista

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