El populismo ultra bloquea la España federal

La Constitución de 1978, un modelo muy elogiado por los politólogos y constitucionalistas, fue calificada frecuentemente de cuasi federal por la implementación del llamado estado de las autonomías, del que la Carta Magna no describe realmente sino apenas las características que debe presentar y los procedimientos para establecerlo. Tras el desarrollo del Título VIII C.E., España se descompuso en diecisiete comunidades autónomas, dos de ellas singulares por establecerse en territorios forales (País vasco y Navarra), y quince creadas por las dos vías establecidas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La razón de que los constituyentes ni siquiera consideraran la posibilidad de hacer de España un Estado federal, parecido por ejemplo al alemán, fue histórica y política a la vez: el federalismo fracasó con la efímera Primera República, que abocó al país a una anárquica fragmentación que fue atajada drásticamente por la correspondiente cirugía militar. El golpe de Estado del General Pavía, entrando a caballo en el salón del Congreso de los Diputados (no hay certeza de que no irrumpiera a pie) el 3 de enero de 1874, es una de las imágenes más indelebles del arduo camino hacia la Restauración y la modernidad.

Aquel cuasi federalismo, implícito en el pensamiento de los ponentes constitucionales de 1978, inspiró también el modelo parlamentario: generado un nivel político y administrativo intermedio, regional, que compartía la soberanía con las instituciones centrales, era necesario que, además de una cámara baja de representación directa de los ciudadanos (residenciada en Alemania en el Bundestag), el parlamento contara con una cámara alta, el Senado (Bundesrat español) en representación de los nuevos entes territoriales, las comunidades autónomas.

A estas alturas, cuando la Constitución está cerca del medio siglo de vida, es ingrato tener que reconocer que el experimento no ha sido satisfactorio. Y así, con rotundidad, hay que decirlo.

El primero y gran fracaso del cuasi federalismo español fue la tentativa de independencia de Cataluña en 2017. Como se sabe, el independentismo ha sido una pulsión recurrente en el Principado desde el siglo XIX, que la Segunda República intentó embridar mediante un Estatuto de Autonomía, frustrado por la guerra civil. Cerrado en 2003 el largo mandato de Pujol, un movimiento soberanista ya larvado fue tomando cuerpo tras la retirada política de del president, dando lugar a una nueva pulsión que intervino en la génesis de una profunda reforma del Estatuto pilotada por Maragall y se puso definitivamente en posición beligerante con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el recién estrenado Estatuto de Autonomía, culminando su arrebato en el referéndum ilegal de 2017 y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, suspendida inmediatamente por el entonces presidente Puigdemont, lo que llevó al presidente Rajoy a decretar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

La gran crisis abierta en tanto el gobierno permanecía en manos del Partido Popular (Rajoy), incapaz de entender la envergadura del problema y de atisbar alguna solución imaginativa, fue mitigada tardíamente por la izquierda, que regresó al poder con la moción de censura de 2018. El apaciguamiento de después, muy criticado por la derecha, pero indispensable si realmente se quería cerrar la herida, se basó en una serie de medidas de gracia que culminó en una amnistía, cuya impugnación sigue su curso. Todo indica que “el procés” se cerrará pronto, en cuanto concluya su gestión jurisdiccional, a menos que algún cambio imprevisto altere este desenlace.

La crisis territorial española y el ulterior proceso de mitigación no han sido sin embargo innocuos. El modelo representativo que regía desde 1978 ha cambiado profundamente, en parte como reacción a la tentativa secesionista, en parte a causa de la gran crisis económica 2008-2014 que frustró las expectativas de la inmensa mayoría de españoles, trocando el optimismo desarrollista en alienación pesimista.

Aquellas mudanzas tuvieron un efecto muy perturbador sobre el mapa representativo, que consistía en el surgimiento de una potente izquierda populista y en la ruptura de la unidad de la derecha, que ha alumbrado un populismo ultraconservador —Vox— que, en las circunstancias españolas, ha desembocado en un neofranquismo que a su vez ha regenerado resentimientos y odios que se creían extinguidos. Asimismo, por un claro mimetismo perverso, el nacionalismo catalán se ha fracturado dramáticamente, ya que en este espacio habitado por la izquierda nacionalista y por la derecha nacionalista (proveniente de CiU, ahora Junts) ha surgido un nuevo actor, Aliança Catalana (AC), que es una especie de Vox catalán, tan radical como este pero además partidario, entre otras cosas, de la ruptura unilateral de Cataluña, del abandono de la lengua española, del cierre a la inmigración y del proteccionismo a las empresas catalanas, etc.

El surgimiento de AC, que ha crecido inquietantemente hasta amenazar la representatividad del nacionalismo democrático genuino, ha radicalizado a Junts, que ha jugado un papel determinante en la estabilidad estatal durante la actual legislatura. Esta situación, que afecta al meollo del soberanismo catalán, impide mantener los delicados equilibrios que realizaba el actual gobierno central para mantener su estabilidad. Y aunque Junts parecía dispuesto a postergar sine die su pretensión soberanista a cambio de un pacto estatutario todavía más favorable a las pretensiones introspectivas, la posición de Aliança Catalana presagia un rápido regreso del soberanismo más activista.

Esta cruda realidad es la que imposibilita al Gobierno de la nación una reforma cabal del modelo de financiación autonómica, que ya está fuera de plazo (la propia normativa prevé su revisión cada cinco años). En la práctica, dicho modelo constituye una redefinición del marco federal, un concepto que está muy cerca de ser materia constituyente, y que irremisiblemente ha de ser fruto de la multilateralidad. Sería digerible, por la lógica interna de la situación, que se aceptara debatir bilateralmente la solicitud catalana de un régimen especial como el vasco o el navarro, pero no es posible sacar adelante en las 17 autonomías un modelo multilateral que el Estado central ha pactado previamente con una de ellas.

Finalmente, no resta más que hablar claramente de la obstrucción que hoy aqueja al fluido político español: la hipotética alternancia, un concepto que inspira normalidad en todas las democracias, representa en España, a decir de muchos, una especie de suicidio intelectual. La llegada de Vox al poder, en principio inevitable para que la derecha democrática tome el poder, resultaría una destructiva tragedia. En todas partes, pero muy especialmente en Cataluña.

Decimos hablar del problema y no llegamos todavía al verbo resolver. Ardua tarea nos aguarda. Pero sería un signo de cordura y pragmatismo que nos refiriésemos todos de una vez al verdadero problema, que es la presencia de una ultraderecha de proporciones inmanejables, para aportar soluciones entre todos, en lugar de tratar de dilatar dando rodeos hasta más allá de lo posible una situación que ya no da más de sí.