Políticas para la mayoría o política de demolición
"La posición de Pedro Sánchez ha situado a España como un actor alineado con el multilateralismo, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos".
Hay dos maneras de entender la política. Una consiste en gobernar para mejorar la vida de la mayoría social. La otra, en convertir cada decisión en una oportunidad para desgastar al adversario. Esta semana, en el Congreso, ha vuelto a evidenciarse esa diferencia.
El Gobierno ha llevado al Pleno cuatro reales decretos con medidas concretas y verificables: la subida de las pensiones; la protección para impedir que a las familias vulnerables se les corte la luz o el agua, o sean desahuciadas sin alternativa habitacional, el refuerzo de las ayudas a quienes han sufrido los efectos devastadores de incendios o danas, y el apoyo a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida.
Cabe preguntarse: ¿puede alguien oponerse a esto? La respuesta es sí: PP y Vox. Ambos han votado en contra de todas estas medidas. No porque presentaran una alternativa más ambiciosa o técnicamente superior, sino porque su prioridad no es mejorar la vida de la mayoría, sino erosionar al Gobierno por mero interés partidista. Y esa es una diferencia sustancial: no se debatían principios abstractos, sino medidas que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de personas.
Alberto Núñez Feijóo fijó el marco al pedir a Vox que aclarara su prioridad: “acabar con Sánchez”, o facilitar gobiernos autonómicos. Todo indica que la primera opción pesa más. El problema es que el PP ha asumido que su única vía para gobernar pasa por Vox. Y eso tiene consecuencias. Votar al PP hoy es, de facto, abrir la puerta a la extrema derecha.
Ese desplazamiento no es retórico, es programático. Supone normalizar el negacionismo climático, justo cuando España —y especialmente comunidades como Castilla y León— sufre incendios cada vez más devastadores. En una tierra que el pasado verano vio arder 138.538 hectáreas en provincias como Zamora, León o Salamanca, cuestionar la legislación climática no es una batalla cultural; es una irresponsabilidad que se paga en hectáreas, en recursos públicos, en vidas y en futuro.
Supone también reducir la vivienda a un activo especulativo. En ciudades como Valladolid, Burgos o Salamanca, donde el acceso a la vivienda tensiona a jóvenes y familias trabajadoras, poner suelo público al servicio de promotoras privadas sin garantías de precio no corrige el problema; lo agrava. Defender la iniciativa privada es legítimo; renunciar a cualquier instrumento de regulación pública en un mercado tensionado es otra cosa.
Y, supone, además, diluir la especificidad de la violencia machista para acomodar posiciones negacionistas. El episodio de Móstoles, con Isabel Díaz Ayuso poniendo en duda la credibilidad de la víctima mientras defendía con vehemencia al presunto agresor, ilustra una contradicción de fondo: no se puede exigir ejemplaridad hacia fuera y relativizar responsabilidades hacia dentro.
El contexto internacional refuerza la preocupación. Cuando Donald Trump reintroduce políticas arancelarias y cuestiona contrapesos institucionales y judiciales; cuando Javier Milei impulsa reformas laborales que merman derechos básicos; cuando Viktor Orbán bloquea ayudas fundamentales para Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa, no hablamos de anécdotas aisladas. Hablamos de una corriente política que tensiona pilares democráticos y sociales construidos durante décadas. Pensar que esa ola no tiene eco en España sería ingenuo.
Frente a esa deriva, la posición de Pedro Sánchez ha situado a España como un actor alineado con el multilateralismo, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos. Se puede discrepar en matices —y es sano hacerlo—, pero hay una línea clara entre defender un orden internacional basado en reglas, o relativizarlo según afinidades ideológicas. La pregunta sigue en pie: ¿dónde se sitúa el Partido Popular en ese eje?
En el plano interno, el contraste también es tangible. La reforma laboral ha permitido alcanzar cifras récord de empleo y una mejora en la estabilidad contractual. Los datos muestran un mercado laboral más robusto que hace cinco años. Frente a ello, la propuesta de la derecha pasa por abaratar el despido, alargar jornadas y debilitar la negociación colectiva. No es un debate técnico: es una evidente diferencia de modelo social.
En Castilla y León, la dependencia del PP respecto a Vox condiciona el rumbo político de Alfonso Fernández Mañueco; el peor presidente de todos los tiempos. La Comunidad arrastra problemas estructurales en sanidad, listas de espera, educación, enormes dificultades de acceso a la vivienda y pérdida de población. La ausencia de un proyecto claro y la subordinación de Mañueco a un socio que marca la agenda en cuestiones identitarias, lastran la capacidad de respuesta ante los desafíos reales.
A todo ello se suma la descalificación automática de cualquier iniciativa del Gobierno central como “cortina de humo”. Incluso la desclasificación de documentos del 23F —una medida de transparencia que fortalece la calidad democrática—ha sido recibida con ese argumento prefabricado. Cuando todo es humo, nada es debate.
En definitiva, el dilema no es retórico, es práctico. De un lado, políticas orientadas a la mayoría social: pensiones dignas, protección frente a la vulnerabilidad, empleo estable, defensa de derechos y fortalecimiento institucional. Del otro, una estrategia de desgaste permanente y una agenda crecientemente condicionada por la extrema derecha.
No se trata solo de quién gobierna, sino de para quién se gobierna. Dos modelos. Dos caminos. Y una decisión colectiva sobre qué país —y qué Castilla y León— queremos construir.
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David Serrada es diputado por Salamanca
