La igualdad no es moneda de cambio
"Los cambios de posición de María Guardiola en su negociación para gobernar Extremadura reabren el debate sobre los límites de los pactos políticos cuando están en juego las políticas de igualdad".
El feminismo y la igualdad no se venden ni se compran. No son derechos a la carta ni conceptos moldeables según la conveniencia política. Lo que debería ser un consenso democrático básico vuelve a plantear una pregunta incómoda en la política española: hasta qué punto pueden adaptarse los principios igualitarios a la gobernabilidad sin debilitar su credibilidad.
La trayectoria reciente de María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, ejemplifica esta tensión. Su evolución discursiva entre 2023 y 2026 refleja cambios de posición que sitúan la igualdad en el centro del debate político.
En junio de 2023, Guardiola defendió que no permitiría la entrada en el Gobierno de quienes niegan la violencia machista. Aquella afirmación marcó una línea política clara y generó expectativas sobre el lugar que ocuparía la igualdad en la acción de gobierno. Sin embargo, esa posición se matizó rápidamente en el marco de la negociación.
Tras las elecciones de diciembre de 2025, la aritmética parlamentaria vuelve a situar ese debate en primer plano. Con el apoyo de la ultraderecha como elemento decisivo para la investidura, reaparece una cuestión de fondo: qué sucede cuando lo que se presenta como irrenunciable pasa a formar parte del intercambio político.
Negociar es legítimo y necesario en democracia. Pero no todo puede ser objeto de negociación. La igualdad no es un elemento accesorio del debate público: define prioridades, orienta políticas y sostiene instrumentos institucionales que protegen derechos concretos y salva vidas.
Mientras el bloqueo institucional se prolonga, Extremadura mantiene decisiones estratégicas e inversiones relevantes pendientes. Sin embargo, el impacto más profundo es político: la normalización de que, compromisos fundamentales puedan diluirse en función de la aritmética parlamentaria.
Durante la campaña se señalaron posiciones incompatibles con la defensa de la igualdad que hoy forman parte del marco de negociación. Al mismo tiempo, el cuestionamiento de políticas de igualdad convive con la ausencia de una confrontación clara frente al negacionismo de la violencia de género o ante propuestas que afectan a consensos como el Pacto de Estado.
La igualdad no puede ser una línea roja en campaña y un elemento flexible en la negociación.
Ese desplazamiento no es menor. Revisar instituciones de igualdad, debilitar programas públicos o relativizar marcos normativos implica redefinir prioridades políticas y envía un mensaje claro sobre el lugar que ocupa la igualdad.
No se trata de cuestionar la negociación, sino de fijar sus límites. No es equivalente negociar áreas de gestión que cuestionar consensos sociales construidos durante décadas. No es lo mismo ajustar prioridades presupuestarias que relativizar el reconocimiento de una violencia estructural.
Los derechos de las mujeres no son una consigna partidista ni una bandera coyuntural. Son el resultado de avances democráticos sostenidos que han ampliado derechos, protección y oportunidades. Convertir esos avances en objeto de intercambio político supone debilitarlos.
La discrepancia ideológica es legítima; la incoherencia sostenida tiene consecuencias políticas. Por eso, cada vez que estos consensos se relativizan en nombre de la estabilidad, conviene preguntarse qué mensaje reciben quienes siguen necesitando esas políticas públicas firmes para garantizar su seguridad y su igualdad.
Defender la igualdad no es una posición identitaria: es una obligación democrática. Y preservar los consensos que protegen derechos básicos no limita la negociación, la hace responsable.
La política útil exige pragmatismo, pero también memoria democrática. Memoria de lo que significó no contar con protección institucional, no poder votar o no participar en igualdad de condiciones en la sociedad española.
La igualdad es una política pública, no un marco retórico. Requiere presupuestos, instituciones y voluntad política sostenida.
La madurez democrática no consiste únicamente en saber ceder, sino en identificar aquello que no puede cederse. En un contexto europeo en el que resurgen discursos que cuestionan derechos consolidados, la claridad política resulta imprescindible.
Porque gobernar implica elegir prioridades. Y cuando la igualdad deja de ser una prioridad, los derechos empiezan a ser más frágiles.
La igualdad no es una consigna progresista: es el suelo mínimo de una democracia decente. Y ese suelo no debería depender de ninguna negociación.
----
Maribel García López es diputada por Badajoz y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
