La salud no es una mercancía

Desde que se desacreditó la revolucionaria doctrina colectivista que apostaba por la propiedad pública de todos los bienes de producción como instrumento de equidad, el mercado y la competencia han ido encontrando su acomodo en los modelos socioeconómicos occidentales de cariz progresista, en forma de eficiente socialdemocracia. El SPD, la formación socialdemócrata alemana, declaró el entierro del marxismo en el Congreso de Bad Godesberg de noviembre de 1959 y puso las bases de la socialdemocracia que se guiaba por un lema decisivo y trascendental: «mercado, hasta donde sea posible; Estado hasta donde sea necesario».

La combinación, por un lado, del mercado y la competencia, y, por otro, del Estado ejerciendo la regulación y el control y disponiendo una red inferior bajo la cual no puede deslizarse el nivel de vida de ningún ciudadano, ha sido muy fructífera. Y en la práctica, ha marcado decisivamente la pauta de los sistemas económicos europeos.

Una de las instituciones producto de este maridaje han sido las llamadas concesiones, que representan la fórmula más eficaz de colaboración público privada. Una concesión administrativa puede definirse como «la cesión o transferencia que confiere un ente del sector público a otro de iniciativa privada con el objetivo de explotar durante un tiempo determinado un bien o servicio de dominio o titularidad reservado al sector público a cambio de una contraprestación». Hay infinidad de casos, como por ejemplo la concesión encaminada a construir y explotar una autopista de peaje: el Estado la licita presentando un pliego de condiciones; la adjudica al aspirante que mejores condiciones ofrece; el concesionario construirá a su cargo la infraestructura y gestionará la autopista de acuerdo con lo pactado y se beneficiará de la recaudación que obtenga durante un determinado periodo de tiempo, transcurrido el cual la carretera pasará a ser de dominio estatal.

El sistema concesional es moderno y útil, ya que moviliza recursos, no genera déficit público y facilita el desarrollo y el progreso. De hecho, está en boga en todas partes para numerosas infraestructuras (carreteras, aeropuertos, centrales de energía hidráulica, puertos deportivos, etc.). Pero hay razones para pensar que no es un método de validez universal. En la práctica, plantea riesgos cuando están en juego derechos asistenciales.

En una sociedad saludablemente capitalista, el capital —el empresario— persigue un objetivo invariable y legítimo: el beneficio. Quienes sitúan a un directivo con poderes ejecutivos al frente de una empresa mercantil, valorarán su gestión por el ebitda conseguido (como se sabe, el ebitda es el beneficio bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Pero es evidente que en determinados casos, como por ejemplo cuando un hospital es entregado mediante concesión a una empresa privada, la ponderación razonable del resultado conseguido no puede realizarse mediante indicadores económicos exclusivamente. Nadie en su sano juicio valorará la calidad de un hospital por el dinero que gana al final de cada ejercicio.

Una empresa mercantil se constituye para ganar dinero. Y será difícil reprochar a su responsable que cumpla con este designio. Lo sucedido en el hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por «Ribera Salud», no debería sorprender a nadie. Según se ha publicado, el consejo de administración de esta compañía instaba descaradamente a sus mandos a que rentabilizaran su inversión todo lo posible, a que consiguieran “dinero rápido”. Obviamente, «Ribera Salud» no es una organización benéfica, o filantrópica, o sin ánimo de lucro: el objetivo de todo inversor es precisamente el lucro.

En otras palabras, en Torrejón ha ocurrido lo que solo a un hipócrita podría extrañar: se ha descubierto que los empresarios a cargo del hospital querían enriquecerse, y lo antes posible. Lo reprobable, en definitiva, no es tanto que una sociedad anónima busque el mayor beneficio, un objetivo que está en la naturaleza de las cosas, cuanto que los responsables políticos de la sanidad madrileña hayan optado por un modelo de gestión que no sirve para garantizar la mejor asistencia hospitalaria. En un sector, el sanitario, en que el objetivo no puede ser de ninguna manera obtener beneficios sino procurar el bienestar general.

Esperanza Aguirre fue quien introdujo este modelo desalmado de hospitales públicos con gestión privada en Madrid, y hoy perviven cinco de ellos, incluido el de Torrejón. Pero ese modelo que adoptó la que fue presidenta madrileña es más antiguo: el primer ensayo se hizo en el Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, que se puso en marcha en el 2000. Aquella institución acabó fracasando y regresó al sector público —la Generalitat valenciana— en 2018.

En Madrid, Isabel Ayuso sigue a ciegas la escuela de Aguirre, sin entender muy bien los matices. Como se ha dicho, la colaboración público privada tiene sus zonas de idoneidad pero es inservible en otras. Conceptos como rentabilidad o productividad no tienen el mismo sentido en la economía en general que en el ámbito clínico, en el que los objetivos son salvar vidas, curar enfermedades, mitigar el dolor… al precio que sea. De donde se deduce que la solución al problema que hay que resolver solo puede obtenerse devolviendo al ámbito público unos hospitales que nunca debieron salir de él. Cuanto se haga sin cambiar el modelo como se hizo en Alcira no será más que una chapuza.