Tapachula, epicentro de la crisis migratoria en el sur de México

Tras el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, Tapachula, en la frontera sur de México con Guatemala, acoge hoy a miles de migrantes varados y solicitantes de asilo en condiciones cada vez más precarias, sin posibilidades de avanzar hacia el norte y desesperados debido a los complejos trámites burocráticos para regularizar su situación.

De ciudad de tránsito a ciudad de espera

La política migratoria restrictiva de Washington, sumada a acuerdos bilaterales y presiones regionales, han transformado a México en un país de contención. Tapachula, que tradicionalmente funcionaba sobre todo como un punto de tránsito, se ha convertido en una ciudad de permanencia forzada desde que, en enero de 2025, la Administración Trump sellase la frontera y suspendiera los principales programas para solicitar asilo y refugio en Estados Unidos.

Aquí las personas migrantes enfrentan largos procesos burocráticos para obtener documentos que les permitan moverse legalmente por México. Entretanto, no pueden trabajar formalmente ni acceder a servicios básicos, como refugio o atención médica. “La falta de infraestructura, empleo y servicios en Tapachula agrava la situación. La ciudad no está preparada para recibir a miles de personas de forma prolongada, lo que genera hacinamiento, informalidad y vulnerabilidad extrema”, afirma la coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el sur de México, Lucía Samayoa.

Las caravanas: respuesta colectiva a la desesperación

Como resultado, se han formado caravanas migrantes tras más de medio año sin estos movimientos masivos: una se formó el 8 de agosto y otras dos el 1 y el 17 de octubre. Las caravanas cubrieron cientos de kilómetros durante varios días, aunque no cumplieron su objetivo de llegar a Ciudad de México. Esta forma de movilidad colectiva resurge como una estrategia de visibilidad y presión ante la imposibilidad de avanzar por vías regulares. Caminar juntos permite a las personas migrantes apoyarse mutuamente y reducir los riesgos de viajar solas como abusos, extorsiones y violencia.

"En Tapachula las oportunidades de empleo son escasas y para casi cualquier trabajo exigen el permiso de residencia, documentos que aún no he podido tramitar por la demora en los procesos", explica Ricardo Nilo, cubano de 31 años atendido por MSF al paso de la caravana por la localidad de Escuaintla en Chiapas, a 73 kilómetros de Tapachula. La también cubana Grisel Hernández, de 25 años, añade: "No hay forma de regularizar mi situación. No hay empleo, y el único trabajo que ofrecen a mujeres es en bares, algo que no me permite mantener a mi hijo con dignidad".

Las personas migrantes también denuncian la venta irregular de boletos y sufrir discriminación en las terminales. "Al intentar comprar un boleto de autobús, me lo negaron o lo vendían a precios abusivos. Como había otras personas en la misma situación, decidimos organizarnos y apoyarnos mutuamente”, dice la hondureña Melissa Ruiz, de 25 años.

Una población numerosa pero invisible

Es difícil estimar cuánta población migrante permanece varada en Tapachula. La capital del estado de Chiapas ha sido en los últimos años un foco de solicitudes de asilo dentro de México. En 2025, según datos de septiembre de la Comisión de Ayuda al Refugiado (COMAR), se registraron más de 52.000 solicitudes de asilo en México; dos de cada tres se presentaron en el estado de Chiapas, siendo Tapachula el principal punto de recepción.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe de abril a julio del 2025 y la observación de MSF; haitianos, cubanos y hondureños son las nacionalidades más visibles, aunque Tapachula alberga a personas de otros muchos países. Cuando este era un lugar de paso, muchas personas buscaban refugio en albergues a menudo gestionados por entidades cristianas. Hoy, estos centros, cuyos servicios se han visto impactados por los recortes de ayuda humanitaria, tienen baja ocupación (en promedio, un 30 % de su capacidad). Muchos migrantes, que en algunos casos llevan meses en la ciudad, optan por rentar habitaciones en barrios periféricos con poco acceso a servicios básicos y con presencia de organizaciones criminales.

Esta dispersión, consecuencia también de la estigmatización y el miedo a ser detenidos o deportados, hace que gran parte de la comunidad migrante sea hoy más invisible y que resulte más complicado para las organizaciones humanitarias acceder a ella.

Atención médica: entre la adaptación y la resistencia

Debido al recorte de fondos de ayuda a nivel global catalizado por la suspensión de la agencia USAID y replicado por grandes donantes, muchas organizaciones humanitarias han reducido actividades o cerrado programas en Tapachula en 2025 en áreas como protección, solicitudes de asilo o refugio, atención a víctimas de violencia, incluyendo violencia sexual, y atención infantil.

MSF también ha cerrado proyectos en otras partes de México debido al descenso del flujo migratorio. Sin embargo, en Tapachula la organización no solo ha mantenido una presencia activa, sino que intenta llegar, a través de clínicas móviles, a zonas más alejadas donde ahora se congregan parte de los migrantes que han quedado varados.

Entre enero y septiembre de 2025, los equipos de MSF atendieron 11.483 consultas médicas y 2,390 de salud mental, un 128% y 53% más respectivamente que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento refleja el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la violencia y la falta de atención médica.

MSF brinda atención médica primaria a personas migrantes en situación de calle, albergues improvisados o asentamientos informales. Los principales motivos de consulta van desde las infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, lesiones físicas, enfermedades crónicas sin tratamiento a los casos de violencia física o sexual. Muchos pacientes llegan tras semanas sin atención médica, con cuadros avanzados o complicaciones evitables. Los equipos de MSF también realizan actividades de promoción de la salud, distribución de bienes de primera necesidad y derivación de casos graves a hospitales públicos.

La salud mental, una emergencia

El impacto psicológico de la migración es profundo y muchas veces invisible. Las personas enfrentan duelos, rupturas familiares, violencia, discriminación y sensación de incertidumbre. La espera prolongada, la falta de opciones y el trato hostil agravan los síntomas.

Los servicios públicos de salud mental no tienen capacidad suficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 5 y 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Tapachula solo hay un psiquiatra de la Secretaría de Salud para toda la población, es decir más de 17 veces por debajo de esa recomendación, y la espera para recibir cita puede superar los tres meses.

“Vemos pacientes que han perdido a familiares en el camino, que han sido víctimas de abuso sexual o que viven con miedo constante. Muchos llegan con insomnio, ataques de pánico y una profunda sensación de desesperanza”, relata Olga Lucía Uzcátegui, gestora de salud mental de MSF.

La reactivación de las caravanas, la continuidad de la violencia y la falta de soluciones migratorias efectivas exigen una respuesta coordinada, sostenida y centrada en la dignidad humana. “Tapachula es una sala de espera sin salida. Visibilizar las historias de las personas que han quedado en este limbo es fundamental. Urgen respuestas que estén a la altura del sufrimiento humano que se vive en la frontera sur”, concluye Lucía Samayoa.