Los jueces siguen sin estar a la altura
"Deberían ser los propios jueces quienes, para defender su independencia y ajustar su actuación a la voluntad soberana de la ciudadanía, defendieran su legitimación parlamentaria".
Seis meses después de su constitución, el Consejo General del Poder Judicial ha acreditado de nuevo su insolvencia. Sus veinte vocales, elegidos después de años de demora con escrupulosa precisión ideológica —hay diez conservadores y diez progresistas—, se han mostrado por ahora incapaces no solo de efectuar los nombramientos más delicados —los de las salas de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo del Supremo— sino también de efectuar la propuesta que se les solicitó sobre una reforma consensuada del método de elección de los propios miembros del CGPJ.
Con respecto a este último asunto, sus señorías han descubierto el Mediterráneo: en lugar de acordar un modelo transversal que pudiera ser aceptado los dos sectores en liza, han presentado una aseada propuesta que resume una junto a otra las dos posibles opciones: una de ellas encomendaría directamente a los jueces la elección de sus 12 representantes y la otra mantendría aproximadamente el statu quo actual: las asociaciones de jueces proponen y el Congreso de los diputados elige. Estamos, pues, como al principio. Y sin haber resuelto la perplejidad que produce el hecho de que Rajoy, que gobernó cuatro años con mayoría parlamentaria absoluta, no reformase la elección del Consejo tal como había anunciado programáticamente, con el argumento, cabal, y que contradice a sus epígonos, de que no se puede hacer tal reforma legislativa sin el consenso de los dos grandes partidos.
Los miembros del CGPJ han tenido en estos seis meses escrupuloso cuidado en guardar la simetría. Según parece, las dos opciones enunciadas, la elección directa por los jueces y la elección por el Congreso de los Diputados entre unos candidatos propuestos por los jueces, representarían dos posibilidades equivalentes, igualmente legítimas y ambas conformes con el espíritu constitucional. Cuando esta no es en absoluto la verdad de lo que está sucediendo, la razón real de la guerra que mantienen al respecto PP y PSOE. Una verdad que no se declara porque es inconfesable.
La verdad oculta es que, puesto que la gran mayoría de miembros de la corporación judicial es conservadora, el PP, partido conservador por antonomasia, quiere explotar esta anomalía para mantener a perpetuidad el control político de un sesgado CGPJ, titular del gobierno de los jueces.
Es opinable la causa por la que se da el desequilibrio descrito pero no es discutible su existencia: influyen seguramente muchos factores, como la extracción social de los opositores más selectos a la judicatura, la propia entidad singular de la carrera judicial, etc., pero el hecho es innegable, como quedó claro en aquella inefable portada de La Razón del 12 de septiembre de 2021 en que el entonces magistrado excedente Enrique López, portavoz de Justicia del PP y número dos de Ayuso, declaraba a toda página que “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. Por otra parte, es conocido que las asociaciones judiciales conservadoras alistan a muchos más afiliados que las progresistas. El hecho es significativo aunque la afiliación global a tales instituciones sea realmente escasa.
Así las cosas, y en tanto se adopten determinadas decisiones legislativas que cambien la situación —por ejemplo, democratizaría la carrera judicial el becar debidamente a los opositores para que todas las clases sociales estén en igualdad de condiciones—, es una evidencia que si se adoptara el modelo que propone Feijóo, el escoramiento se perpetuaría… Y que nadie salga con falsa indignación a defender la tesis de que la independencia judicial anula en la práctica las diferencias ideológicas. Por desgracia, esta tesis no pasa de ser una bienintencionada utopía.
En definitiva, los jueces no salvan la cara escudándose detrás de la referida simetría. Que el PP (o el PSOE) luche por controlar a la judicatura está en la naturaleza de la política. Por lo que deberían ser los propios jueces quienes, para defender su independencia y ajustar su actuación a la voluntad soberana de la ciudadanía, defendieran su legitimación parlamentaria, que es la que les concede realmente la autoridad que ostentan.
Hasta que los jueces no deshagan el bucle y opten por someterse en realidad, no solo de boquilla, a los vientos que soplan en cada momento, según impone la sociedad civil, el poder judicial será una entelequia inoperante, cuyo fracaso puede arrastrar por los suelos la credibilidad de la propis democracia.
