Ni Maduro, ni Trump: la legalidad internacional como brújula y frontera moral

Los acontecimientos que han sacudido a Venezuela en las últimas semanas —la detención de Nicolás Maduro fuera de cualquier mandato internacional, el anuncio de la liberación de presos políticos, el control de facto del petróleo venezolano por parte de la administración Trump y la apertura incierta de una transición política como objetivo secundario— nos debería obligar a todos los actores políticos a tomar posición desde los valores jurídicos y morales, y no desde perspectivas tácticas o electoralistas.

Tras las dos guerras mundiales del siglo XX, la comunidad internacional aprendió una lección dramática: cuando no hay reglas o cuando éstas se rompen, los que más pierden no son los poderosos ni las grandes potencias, sino las naciones humildes y sus poblaciones. Hans Kelsen, el reconocido jurista, afirmaba sin dudarlo que "el Derecho Internacional no existe para proteger a los Estados fuertes, que ya tienen poder, sino a los débiles, que solo tienen la ley".

Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas es la declaración más revolucionaria del siglo XX, el avance legislativo más importante, el que establece el germen de un mundo donde se abandona la ley del más fuerte y se consagra el imperio de la ley. Es una verdad tan poderosa, que nadie debería dudar que no permitir excepciones al cumplimiento de la ley, que exceptuar -por muy digno que nos parezca el objetivo- la formalidad legal es un boomerang que tarde o temprano nos golpearía, con dureza, a todos.

La detención de Nicolás Maduro mediante una operación militar extranjera, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, supone una violación flagrante del Derecho Internacional. Señalarlo no equivale a defender a Maduro ni a su régimen. Significa defender un principio básico: no se puede acabar con un régimen ilegal incumpliendo la legalidad internacional.

Dentro de Naciones Unidas, todo. Fuera de la ley, nada. Porque una vez que se acepta la excepción, el siguiente paso inevitable es la impunidad. Y la historia demuestra que cuando las grandes potencias se arrogan el derecho de intervenir unilateralmente, el orden internacional se degrada hasta convertirse en un campo de fuerza sin reglas.

Nicolás Maduro no era un demócrata y, claramente, desde las pasadas elecciones estaba ejerciendo el poder sin legitimidad de origen. Ni el PSOE, ni el Gobierno de España reconocimos a Maduro como presidente tras las últimas elecciones. Y como España, hicieron lo mismo la inmensa mayoría de gobiernos y organismos internacionales. Desde entonces, como ya se estaba haciendo, el gobierno de España ha colaborado intensamente con la oposición venezolana acogiendo al líder electoral, Edmundo González, facilitando el asilo a más de 175.000 venezolanos y venezolanas que salieron del país o dando recursos económicos a aquellos que, estando fuera de Venezuela, no se encuentran en España. Pero, sobre todo, ejerciendo un liderazgo activo en la búsqueda de una salida negociada que impidiera el conflicto interno y el quebranto de las reglas internacionales con una agresión no autorizada. En pocas palabras, ni Maduro, ni Trump: Venezuela.

Nuestra apuesta por intermediar, dialogar y buscar una salida pacífica y democrática no era por resignación, sino por responsabilidad. Porque la política exterior no se mide en titulares, sino en resultados. Queremos ser útiles para encontrar una solución que evite conflicto y sufrimiento. La derecha, en cambio, en todo este tiempo, solo ha servido para generar pancartas y proclamas con un objetivo: lanzar a unos españoles contra otros utilizando a los venezolanos como munición política. Nunca apoyaron la democracia en Venezuela sino que se apoyaban en la causa de los demócratas en Venezuela para su estrategia de crispación en España.

¿Alguien entiende al Partido Popular? De aplaudir a Trump en su intervención ha pasado a reconocer que tenía dudas, a decir que ha sido decepcionante. En poco más de tres días, tres posiciones diferentes; pero dejando emerger un patrón preocupante: el Partido Popular, de primeras, nunca está con la legalidad internacional. No lo estuvo en Irak cuando formaba parte del trío de las Azores; no lo ha estado en Gaza jugando con equidistancia en la defensa del derecho humanitario y frente a la barbarie; y ahora no lo ha estado en Venezuela.

El Gobierno se rige por una brújula clara: la Carta de Derechos Humanos y la legalidad internacional. El Partido Popular parece guiarse por otra: llevar la contraria al Gobierno aunque eso suponga situarse contra los derechos humanos y las normas internacionales.

Nada de lo que ha sucedido en los últimos años en la comunidad internacional justifica un desplante tan rotundo por parte del PP. ¿Cómo es posible que sea más fácil entenderse con el canciller alemán, el presidente francés o el portugués que con Feijóo? ¿Por qué el PP opta por la hipérbole y el exabrupto cuando habla de política exterior en un contexto tan complejo y delicado? Feijoo está demostrando ser algo más que un metepatas: es un imprudente. En el último año, el PP ha acusado a la embajada española de colaborar en un golpe de Estado, a funcionarios públicos de encubrir torturas, de forzar salidas de dirigentes venezolanos y, ahora, casi “invisten” presidentes extranjeros desde la calle Génova.

¿Se imaginan las consecuencias diplomáticas si esa verborrea irresponsable se pronunciara desde la Moncloa en vez de en los escaños de la oposición? Los grandes retos internacionales vuelan muy por encima de un Feijóo cada vez más políticamente pequeño.

Queda mucho trabajo por hacer si compartimos el objetivo de querer una Venezuela plenamente democrática y libre de injerencias de terceros. Un país dueño de su ciudadanía. Y debería ser un reto en el que ayudara el principal partido de la oposición. El anuncio de la liberación de un número significativo de presos políticos —entre ellos ciudadanos españoles— es, sin duda, un paso positivo, un gesto que apunta en la buena dirección, pero no sustituye una transición democrática real. La justicia no se construye con gestos aislados, sino con garantías estructurales. La liberación total de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, elecciones verificables y una reconciliación nacional genuina son condiciones imprescindibles para que Venezuela recupere su soberanía popular.

Franklin D. Roosevelt lo advirtió con lucidez: "La libertad no significa ausencia de leyes, sino leyes que protejan a los pueblos frente a la arbitrariedad del poder". Esa es la disyuntiva que hoy se juega en Venezuela y en el mundo. España ha decidido estar del lado de las reglas, del multilateralismo y de los derechos humanos. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque cuando el Derecho Internacional se debilita, los primeros en caer no son los dictadores ni las potencias, sino los pueblos libres.

Defender la legalidad internacional es defender la dignidad humana. Y en esa defensa no caben atajos, ni gritos, ni oportunismos.

Sergio Gutiérrez Prieto es portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Toledo.