Reducción de la jornada laboral: del consenso social al consenso legal
"Reducir la jornada tiene efectos positivos sobre la productividad, mejora la motivación, disminuye el estrés y permite una mejor organización del tiempo".
La gran mayoría de la población española es partidaria de reducir la jornada laboral. El consenso social es amplio y transversal, como demuestran diferentes encuestas, incluso entre votantes de aquellos partidos que se muestran más reticentes a aprobar esta medida recogida en el pacto de gobierno. Ahora, ese consenso social ha de transformarse en uno legal que permita su aprobación.
2025 ha empezado con los mejores datos de empleo y afiliación a la seguridad desde 2008, rozando los 21,1 millones de personas afiliadas. Estos datos se corresponden con un crecimiento económico sólido en el que las empresas obtienen resultados positivos. Pero el crecimiento no puede ser medido únicamente en parámetros económicos; también ha de tener un componente de justicia social.
No cabe duda de que buena parte de esta bonanza económica tiene sus bases en diferentes medidas adoptadas por el Gobierno de España. En el ámbito del empleo, el impacto de la reforma laboral es innegable, ya que no solo ha ayudado a mejorar los niveles de empleo, sino también la calidad de los mismos. La subida del salario mínimo, por su parte, con un incremento de 448,1€ desde 2018, ha supuesto también una mejora para millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes que han visto crecer sus salarios.
A pesar de los beneficios fácilmente medibles y contrastables de estas dos medidas, sobre ambas se generó, sin embargo, un debate plagado de alarmismo y anuncios de cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y un rosario de consecuencias catastróficas que, lejos de cumplirse, el tiempo ha demostrado que la realidad es diametralmente opuesta.
Aunque cada vez, mes a mes, dato a dato, es más difícil sostener estos discursos apocalípticos, la propuesta de reducción de la jornada laboral tampoco se libra de la funesta visión de quienes defienden un crecimiento asimétrico e injusto de la económica basado en la explotación de las y los trabajadores. La reducción de la jornada a 37,5 horas semanales comparte las críticas infundadas y compartirá los resultados positivos contrastables.
El Gobierno de España está comprometido en mejorar la calidad de vida de las y los españoles, para lo que es imprescindible mejorar las condiciones laborales y sociales. Y con este objetivo, las y los socialistas trabajamos con firmeza y determinación.
Hemos de recordar que la jornada de 40 horas lleva vigente en nuestro país desde 1982, si bien más de la mitad de la población trabajadora ya dispone, vía convenio, de jornadas inferiores. De 21,1 millones de personas trabajadoras se calcula que 10,5 millones se verán afectadas directamente por la reducción. Es decir, muchos sectores ya trabajan sin problemas y con buenos resultados con una jornada inferior al máximo legal. A nadie se le escapa que los avances tecnológicos producidos en los últimos 42 años han impactado positivamente en la productividad del trabajo.
Cada día somos más conscientes de la necesidad de racionalizar los usos del tiempo, del impacto negativo del estrés y de las dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal. Lejos de lo que muchos puedan objetar, está demostrado que reducir la jornada tiene efectos positivos sobre la productividad, mejora la motivación, disminuye el estrés y permite una mejor organización del tiempo. Los beneficios positivos han sido ya testados en países de nuestro entorno en los que, en algunos casos, hace décadas que disfrutan de una jornada más reducida que la nuestra. Un solo dato revela la importancia de esta medida: el 60% de las bajas laborales se achacan al estrés. La propuesta del Gobierno contempla medidas que permiten el control del registro efectivo de la jornada, así como el derecho a la desconexión, cuestión de suma relevancia para muchos trabajadores que repercute positivamente en la salud laboral y garantiza el derecho al descanso efectivo. Por tanto, legislar por un entorno laboral más sano desde el punto de vista psicológico también afecta positivamente a las empresas mediante la mejora de la productividad.
Es evidente que hay empresas y sectores más preparados que otros para adaptarse a este cambio normativo, pero para ello el Gobierno de España puso sobre la mesa de negociación medidas de apoyo para las empresas, especialmente para las pymes. Todo cambio genera resistencias, pero los beneficios superan con creces a las dificultades de adaptación. Asimismo, la norma establece una importante flexibilidad que permite adaptarse a las necesidades de los distintos sectores con eficacia.
En definitiva, la reducción de jornada manteniendo el salario traerá consigo más empleo, de mayor calidad y facilitará la vida a millones de españoles, impactando también positivamente en el consumo. Es un avance social que mejora las condiciones laborales, repercute positivamente sobre la productividad y la creación de puestos de trabajo y puede ayudar a reducir el estrés y las bajas asociadas a él, facilitando la conciliación y el uso racional del tiempo a las personas trabajadoras.
El amplio consenso social sobre la medida y los múltiples beneficios que acarrea están ahí. Queda el trabajo de negociación para obtener el consenso parlamentario mediante el dialogo y el acuerdo que logre su aprobación en el Congreso. Hagamos que el consenso social pase a ser un consenso legal y la reducción de jornada sea pronto una realidad.
Elisa Garrido es la portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por La Rioja.
