Amores perros: el SMI pone de nuevo a prueba las costuras del gobierno de coalición

El 17 de agosto de 2023, durante la primera sesión de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz recibió con un efusivo beso a Pedro Sánchez en su entrada en el hemiciclo. Ese gesto, que desde luego no pasó inadvertido, supuso la constatación de la buena sintonía que ambos líderes mantenían - algo que ya se había manifestado durante la campaña electoral del 23-J - y que también auguraba una buena relación de gobierno si Sánchez era capaz de conseguir los votos necesarios para ser presidente. 

Para los socialistas era algo importante. Tras una anterior legislatura muy brusca y llena de desconfianza con respecto a sus socios de Podemos, el PSOE aspiraba a cerrar un Ejecutivo de coalición compacto donde las fricciones y las diferencias no ocuparan demasiados titulares, como sí había ocurrido en su momento con Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra. La complicidad entre Sánchez y Díaz era la base para establecer esa relación de confianza y el entendimiento fue bastante rápido a la hora de confeccionar la lista de ministros y armar un proyecto común para la legislatura.

Tras un año y medio de legislatura, la situación es bastante diferente. Pese a los buenos datos económicos y la excelente marcha del país, el Ejecutivo ha sufrido un fuerte desgaste por la aprobación de la amnistía a los implicados en el procés, el recorrido judicial de algunas causas que afectan al entorno cercano al presidente y situaciones que devalúan el nivel de vida del ciudadano medio, como los precios de la vivienda en España o la imparable subida del coste de la vida. Lo que ha traído consigo un retroceso en las encuestas para ambos partidos, que no tendrían posibilidad hoy de reeditar gobierno (siempre y cuando dichos estudios acertarán, cuestión aparte como se pudo comprobar el 23-J).

La tensión entre los socios de coalición ha sido casi constante durante este primer tramo de legislatura, aunque ha sido en este arranque de 2025 cuando las demostraciones públicas de dicha desafección han sido más evidentes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inició el año acusando de "mala persona" a su compañero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por ponerse "del lado de la patronal" en el debate sobre la jornada laboral. "Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día", aseguró en una entrevista radiofónica. Unas palabras que provocaron malestar en el lado socialista por su tono. “Está muy nerviosa por las encuestas. Si de verdad quiere legislar, las cuestiones del Gobierno se han de abordar en el seno del mismo y no en una entrevista a un medio de comunicación”, aseguraron en su momento fuentes socialistas a El HuffPost.

Lo cierto es que Díaz le ganó el pulso y el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó esa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, aunque todavía queda pendiente su difícil aprobación en el Congreso. Cuando se se le preguntó a Díaz por la receta para haber llegado a un acuerdo, dijo, mirando al ministro y sonriendo: "Mucho amor, síntesis y política".

El amor, la síntesis y la política fallaron de nuevo sólo una semana después, cuando la vicepresidenta aseguró en el mismo lugar que Hacienda no le había informado de su decisión de que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora en 1.184 euros al mes, debían empezar a pagar IRPF. Algo que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le afeó públicamente: "Eso no es así".

Sumar ya ha presentado por su lado una proposición de ley para que el SMI esté exento de tributación, postura que comparte con el PP y otros socios de izquierda del Gobierno. Para el PSOE ser progresistas es defender la progresividad fiscal y que cada uno aporte en la medida de sus capacidades, lo que obligaría también a todo aquel que cobre ese mínimo legal.

Pero la reducción de la jornada laboral o la tributación del SMI no son las únicas guerras que ya han protagonizado PSOE y Sumar. Otra pretensión de Díaz como es reformar el despido también se encuentran con oposición dentro del Gobierno, puesto que Economía no parece partícipe a cambiar la fórmula que determina las indemnizaciones por despido improcedente.

En asuntos como la vivienda, Sumar se ha opuesto claramente a algunas de las propuestas planteadas por el PSOE, como aplicar una exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler según el índice de referencia. En las filas de Díaz son más partidarios de prohibir la compra de una casa si no es para vivir, algo que el PSOE tildó de "extremo". 

También hubo críticas por parte de Sumar a la baja laboral "flexible" que presentó la ministra Elma Saiz y que buscaba agilizar el sistema de incapacidades temporales.  “A los trabajadores les digo que pueden estar tranquilos, su salud está garantizada. Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida”, respondió rápidamente Díaz. Otra batalla que dio Trabajo contra Economía fue por el decreto sobre subsidios, cuando Nadia Calviño aún dirigía este departamento.

La ampliación del Puerto de Valencia (aprobada en Consejo de Ministros) o la intención de dotar de mayor capacidad al aeropuerto de Barajas también causaron controversia dentro del seno de coalición, de igual modo que el alcance de la derogación de la ley mordaza (anunciada a bombo y platillo por Díaz, que luego el PSOE rebajó) o las cartas que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, envió a las empresas españolas en Israel para advertirles del “riesgo de contribuir a un genocidio”. Algo que se hizo de espaldas al ministerio de Exteriores y que provocó un gran revuelo interno. En lo relativo a la cartera del ministro Bustinduy, Sumar también responsabilizó al PSOE el pasado septiembre de que aún no se haya retribuido el permiso de ocho semanas. 

De hecho, diferentes portavoces de Sumar han criticado en estos meses la falta de acción política del Gobierno en cuestiones sociales que afectan directamente a la ciudadanía. "Nos desgasta no tomar medidas", dijo Díaz en diciembre del año pasado. 

Pese a las diferencias, fuentes de ambos partidos subrayan que no hay posibilidad de una ruptura de la coalición y que las dos partes siguen comprometidas con la tarea de gobernar frente a la ola reaccionaria y de ultraderecha que empieza a tomar el control de la política internacional. "En absoluto", ha dicho Sánchez este miércoles en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado si había una crisis de confianza con Sumar. Díaz, por su parte, ha subrayado que lo importante era la subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI), ha sacado pecho del trabajo realizado por su departamento y ha asegurado que respeta las competencias ajenas. Un día más en el seno del gobierno de coalición.