No era una mañana normal en los aledaños de los juzgados de Plaza Castilla. Afectados de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' se han concentrado en los alrededores del órgano judicial esperando que, después de cinco años, pudieran tener algo de verdad y justicia. Innumerables han sido las acciones que se han puesto en marcha para arrojar luz a lo que ocurrió en las residencias madrileñas en 2020 y, por fin, uno de los recursos parece que va a tener recorrido. Sin embargo, la jueza encargada del caso, María Isabel Durántez, ha decidido no dar el pistoletazo de salida todavía.  

Por primera vez en todo este tiempo, los ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso van a tener que declarar como imputados en una causa abierta por lo ocurrido en la pandemia donde se impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020. En la memoria colectiva, residen frases como la de "se iban a morir igual" de la presidenta madrileña. En este acontecimiento histórico, estaban citados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la expectación de las personas que se encontraban fuera de los tribunales ha quedado en la nada al conocerse que la sesión se había suspendido porque los abogados de los imputados aseguran "no haber recibido toda la documentación". El aplazamiento se ha confirmado al mediodía de este lunes. 

"Entendemos que es una estrategia dilatoria más para evitar lo que las víctimas reclaman que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", ha declarado uno de los abogados denunciantes, Eduardo Ranz, acompañado del resto de sus compañeros como Alejandra Jacinto o Carlos Castillo. Pese a ello y respaldados por las asociaciones de las víctimas, este inconveniente no supondrá un punto y a parte en la investigación de los hechos que deberá seguir su curso cuando los abogados defensores hayan adquirido toda la documentación requerida. "Han tenido casi dos meses para poder instruir y tener traslado de las actuaciones", ha señalado Jacinto que apunta a que "lo normal" sería que la investigación terminara centrándose en la cabeza del ejecutivo madrileño.

El sentimiento era compartido a la salida de los juzgados de Plaza Castilla donde, a pesar de que se haya suspendido la sesión en el Juzgado de Instrucción número 3, el ánimo y la voluntad de todos los implicados es el de seguir hacia adelante. "Desde que ocurrió la tragedia nos han tratado mal, no nos han hecho caso y siempre que han podido han puesto piedras en nuestro camino. Esta es una más, pero no vamos a parar hasta tener verdad y justicia", ha señalado una de las portavoces de las asociaciones para dejar claro que, pese a "los trucos" que puedan encontrar los responsables, estos no les servirán. 

El exasesor sanitario de la región ha sido el mayor receptor de las quejas de las decenas de familias que se encontraban a su espera. Su llegada ha sido protagonizada por los gritos y abucheos que han compuesto la banda sonora del ambiente. "Vergüenza", "7.921" o "sinvergüenza" han sido algunos de los compases más repetidos a lo largo del camino a los juzgados. Sin embargo, tanto Mur como Martínez Peromingo han logrado eludir a los presentes. La imputación que les ha reunido este lunes se ha logrado por una denuncia colectiva que reunió a un total de 109 familiares de las víctimas acompañadas de entidades y asociaciones como Marea de Residencias o 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria por razones de discapacidad, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Toda esta situación ha sido producida después de otros recursos interpuestos con anterioridad que no acabaron en buen puerto. De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Una lucha que pudiera parecer que no tenía final, pero que empieza a vislumbrarse un pequeño rayo de luz después de cinco años de agonía. Según la abogada denunciante Jacinto se ha logrado paralizar la prescripción de los hechos que precisamente era de un lustro. Pese a ello, ahora quedará esperar a cuando se retome el procedimiento judicial después de este breve obstáculo.  

Reacciones políticas

El acontecimiento del mediodía ha dejado reacciones por parte de los partidos políticos donde la mayoría se alinean en el sentir de las víctimas que buscan justicia cinco años después. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha acusado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de intentar hacer de las muertes por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid una cuestión "menor", "con bulos, malas formas y pataletas". "Un horizonte de esperanza y de justicia para los que fallecieron en las residencias durante la pandemia, personas a las que se negó su derecho a la asistencia médica y que murieron solas y en condiciones indignas", ha señalado en declaraciones recogidas por EFE. 

"Deben pagar por ello todas las personas que, de una u otra manera, participaron en esos protocolos de la vergüenza y, especialmente, la que fue cabecilla de quien fue responsable de esa gestión criminal", ha señalado el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que consideraba una "buena noticia que la justicia esté dando los pasos correctos". En una línea similar se ha manifestado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que ha asegurado que "los tres imputados son responsables de haberle negado el derecho a asistencia médica a miles de personas". 

Por otro lado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha decidido recordar "las 60 denuncias archivadas" sobre los protocolos de desviación de las residencias y ha recriminado a aquellos que "hacen política desde la muerte". "No les importa utilizar a los muertos como arma política, no les importa malbaratar la memoria de tantas y tantas personas que no quieren que sus familiares sean utilizados en esta batalla política", ha afirmado el alcalde. 

El pleito judicial seguirá su curso y se seguirán buscando responsabilidades acerca de aquello que sucedió en el año 2020, durante la pandemia, cuando a miles de personas se les denegó su derecho a asistencia médica. Aquello que lleva siendo objeto de denuncia, protestas y manifestaciones desde entonces que buscan recibir una respuesta que no llega después de 5 años.