Consumo abre expediente sancionador a grandes gestoras de pisos turísticos
El Ministerio de Pablo Bustinduy persigue por "prácticas engañosas" a empresas que, por ejemplo, esconden su negocio anunciando alquileres como si fueran personas particulares.
Tras abrir el pasado mes de diciembre la investigación, el Ministerio de Consumo ha abierto este jueves, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos "por posibles prácticas engañosas" como, por ejemplo, la de hacerse pasar por personas particulares en los anuncios para ocultar que son en realidad un negocio. Según confirman fuentes del Departamento dirigido por Pablo Bustinduy, es el paso previo a la propuesta de sanción.
En el transcurso de la investigación abierta hace un par de meses y a partir de la información recopilada de diferentes empresas que gestionan pisos turísticos en todo el territorio nacional, la Dirección General de Consumo ha constatado que estas compañías "estarían ocasionando lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", aseguran desde el Ministerio en un comunicado.
En concreto, dicen, han detectado que estas empresas ofrecen "información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induce o puede inducir a error a los destinatarios", una práctica engañosa según el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Es, por ejemplo, el caso de las empresas que se anuncian como particulares, una fórmula que también contraviene el artículo 27 de la citada norma, que establece que "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional" y "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" pueden llegar a ser consideradas infracciones graves multadas con hasta 100.000 euros.
Una cifra, la de los 100.000 euros, que tal y como aclara el Ministerio, "puede sobrepasarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo".
Hace unos meses, en abril del año pasado, el periódico El Confidencial destapaba algún ejemplo de esta práctica, como el perfil de Fran y Marta, que se presentaban en como una familia con una hija y dos perros cuando en realidad ocultaban una empresa inmobiliaria llamada Soluciones Espuña, que gestiona 400 pisos por todo el país.
Estos expedientes se suman al ya anunciado también en diciembre contra la plataforma de pisos turísticos Airbnb. En este caso, recuerdan desde la cartera que lidera Bustinduy, "el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de pisos turísticos que se catalogaron como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios". Consumo abrió el expediente al negarse Airbnb a retirar "de forma inminente" estos anuncios.
Con este anuncio, el ministro Bustinduy asegura mantener vivo su objetivo "de poner fin a aquellas prácticas que están dificultando el acceso a la vivienda". Además de este tipo de plataformas, Consumo ha puesto también el foco en diferentes agencias inmobiliarias "que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas contrarias a la normativa".