El Congreso avala tramitar la reforma para regular a medios y periodistas tras rechazar los vetos de PP y Vox
Los socios de la legislatura dan el primer paso para limitar el acceso a lo que consideran "pseudomedios" en la Cámara Baja.

La reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los periodistas parlamentarios seguirá su trámite en la cámara después que el PSOE y sus socios hayan rechazado en bloque las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, impulsadas ante un texto que ven como "censura" a la libertad de información.
El Congreso ha celebrado su primer pleno extraordinario de julio en el que se ha abordado la propuesta para regular el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación bajo criterios como el respeto al "derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la cámara".
Se ha celebrado para votar las enmiendas a la totalidad de texto alternativo de PP y Vox, que han sido rechazadas con los 174 votos en contra del PSOE y sus socios, por lo que la propuesta de reforma del reglamento del Congreso —incluida la ampliación de los supuestos de voto telemático de los diputados— seguirá su trámite parlamentario.
El diputado socialista Marc Lamuà ha reivindicado ante PP y Vox que el texto "no va contra la libertad de expresión" y ha esgrimido que las acreditaciones en el Congreso no pueden ser "un salvoconducto" para "el bulo y la mentira", ni para "pervertir" el trabajo de tantos periodistas que ejercen con "honestidad, rigor y compromiso democrático" su trabajo.
Ha considerado que Vox "grita" ante la reforma porque "sabe que se les acaba el chiringuito del bulo y del odio" y ha afirmado que el PP "se nutre" de la actuación de los pseudoperiodistas que vienen al Congreso a "reventar ruedas de prensa" y "a generar confrontación".
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha visto en la reforma una estrategia para "demonizar" a los detractores del PSOE al acusarles de "fascistas" en un momento en el que el Gobierno "yace en ruinas" y ha censurado que la Mesa del Congreso vaya a ejercer de "tribunal inquisidor", cuando la Constitución y el propio reglamento de la cámara ya regulan la profesión periodística.
Asimismo, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de callar "ante el ensañamiento" contra periodistas, de tolerar "insultos a jueces" y de "pisotear todos los días" el reglamento de la cámara, "bordeando el delito de prevaricación, si es que lo ha cruzado ya", ha dicho.
El secretario parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha opinado que el PSOE quiere "censurar" y echar del Congreso de forma arbitraria y discrecional a los medios que son críticos -al igual que lo hacen con jueces, ha dicho-, bajo el pretexto de que difunden bulos y perturban el orden de la cámara.
Ha reprochado al PSOE que crea que el Congreso "es su casa" como RTVE y ha señalado al portavoz socialista, Patxi López, para acusarle de "ser el primero que insulta a los periodistas" cuando "hacen preguntas que no le gustan".
Por Sumar, Francisco Sierra ha recriminado a PP y Vox que intenten aparentar una defensa de la libertad de prensa cuando son "acreditados liberticidas" y les ha afeado que invoquen el reglamento del Congreso contra dicha reforma mientras niegan a los diputados el uso de las lenguas cooficiales.
"Las siglas los separan y el franquismo sociológico los hermana", ha zanjado.
El PNV ha argumentado que la reforma establece unas normas básicas de comportamiento frente amenazas, hostigamiento, faltas de respeto y el boicot a ruedas de prensa, mientras que EH Bildu ha remarcado que no se veta a periodistas que "hacen preguntas incómodas, como argumenta PP y Vox, sino a quienes se dedican "a reventar" e "insultar" a diputados, informadores o asesores.
Junts ve la medida como una "cirugía fina" frente a los agitadores sin que ello afecte a la libertad de expresión, mientras que Gabriel Rufián (ERC) ha expresado el apoyo de su formación a la futura norma, pero ha advertido de que quitar la credencial a "propagandistas de la ultraderecha" no servirá de nada ya que ejercerán su "persecución" a políticos y a sus familias "en la calle"
