El Supremo rectifica y reduce la fianza del fiscal general de 150.000 a 75.000 euros
Álvaro García Ortiz ha acudido en la mañana de este martes al Tribunal para consignar el montante que le impuso el juez tras abrirle juicio oral, aunque horas después el juez ha corregido el importe.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abonado en el Supremo la fianza de 150.000 euros que le impuso este órgano tras la celebración de su juicio oral por revelación de secretos de la pasada semana. Según adelanta El País, varias fuentes a las que han tenido acceso apuntan que el fiscal ha tenido que aportar parte de su patrimonio mediante avales al no disponer de todo el dinero en metálico.
Sin embargo, a las pocas horas, el propio juez, Ángel Hurtado, se ha retractado y ha reducido a la mitad (75.000 euros) esa cantidad. El motivo de esta rectificación se argumenta en que Hurtado incluyó en el importe total de la fianza “otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos”, pese a la declaración expresa del Tribunal Constitucional, que hace dos años señaló que hacer eso era inconstitucional.
En lo que respecta al pago, varias fuentes indican que tras conocerse la condena impuesta por el juez del Supremo Ángel Hurtado, fueron numerosas personas -tanto cercanas como anónimas- que se involucraron en aportar dinero para la causa, que en muchos casos consideran injusta, desproporcionada y que responde a intereses políticos y partidistas.
El próximo paso para el fiscal será el de recurrir la fianza ante la Sala de lo Penal al considerar que esa cantidad es excesiva. Esta postura es totalmente contraria a la de González Amador, que presentará un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que la cantidad no puede ser inferior a 300.000 euros.
Según explica la pareja de Ayuso, porque "jamás ha existido en nuestro jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".
Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".
