El Gobierno pone a prueba sus apoyos en el último pleno antes de las vacaciones

El Gobierno afronta este martes un pleno decisivo en el Congreso de los Diputados antes del fin de curso político. En el orden del día se ha fijado el debate de hasta ocho iniciativas legislativas, de las cuales tres son convalidaciones de decretos. Y como viene sucediendo desde que arrancó la legislatura, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no tiene la seguridad de que el paquete completo vaya a salir adelante. 

En lo que se refiere a los decretos, el Gobierno se juega que no decaigan las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos; el refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril; y la declaración de diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.

El primero fue aprobado en el Consejo de Ministros de hace unas semanas para actualizar las entregas a cuenta para comunidades y corporaciones locales, por el que se reparten casi 22.000 millones más a los Ejecutivos autonómicos y cerca de 5.000 millones para los gobiernos locales. Este decreto se aprobó para revitalizar un trámite que quedó atascado por ir vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se han presentado para este ejercicio.

"Hemos vivido una etapa de siete años con muchas crisis y jamás se han recortado los recursos destinados a las comunidades autonómas y ayuntamientos. Lo importante es que la gente vea que no somos lo mismo. De las crisis se puede salir con recortes, como Francia, o se puede no dejar a nadie atrás y salir más reforzado, como con Pedro Sánchez", señalaba este lunes sobre este decreto la nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Los socialistas confían en que saldrá adelante con el apoyo de sus socios pese a que el PP considera insuficiente este montante, un adelanto que hace el Gobierno a las distintas administraciones en previsión de una determinada recaudación de impuestos.

Menos expectativas se tiene a la hora de abordar la convalidación del decreto antiapagón. Podemos, ayer mismo, anunció que votará en contra porque "no defiende el interés general, sino los intereses de las grandes empresas energéticas del país". Entre las medidas recogidas se encuentra la inclusión de nuevas herramientas para reforzar el sistema o el impulso a la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad. 

El 'no' de Podemos provocaría la derrota del Gobierno (serían 175 votos y a favor y 175 en contra, pero en el tercer empate decaería el decreto), aunque las grandes empresas eléctricas y compañías del sector renovable estarían presionando al PP para, al menos, favorecer su abstención y permitir su convalidación. 

Este lunes, la portavoz popular en  el Congreso, Ester Muñoz, rechazaba adelantar el sentido de su voto. El PP, en una guerra de desgaste continuo al Gobierno, no quiere dar gratis ni una sola victoria a Pedro Sánchez. Y mucho menos en el último pleno del curso político en el que el Ejecutivo intenta consolidar el apoyo de sus socios tras la caída de Santos Cerdán y el pleno monográfico sobre corrupción donde PNV y Podemos se mostraron especiamente críticos con Sánchez.

A la espera de conocer qué votará el PP en el decreto antiapagón, los populares - junto a Vox - ya han rechazado abiertamente dos proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso para su aprobación definitiva. Por un lado, regular las credenciales de prensa para establecer un código de conducta y un régimen sancionador para aquellos acreditados que tengan un "comportamiento inadecuado") y, por otro, adecuar la redacción del Reglamento del Congreso al lenguaje inclusivo. Algo que tendrá impacto en el propio nombre de la Cámara, que pasará de llamarse Congreso de los Diputados a solo Congreso. "¡No sé cómo hemos podido tardar tanto tiempo en cambiar su nombre!", dijo ayer con tono irónico Ester Muñoz, quien añadió que se trata de un cambio cosmético para ocultar la "corrupción" del PSOE.

Finalmente, el Congreso también debatirá tres iniciativas que vienen enmendadas del Senado y de las cuales dos son proyectos de ley: uno modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y otro por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública.  La tercera es una proposición de ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para impulsar la construcción de viviendas asequibles.

Fuera de este último pleno han quedado leyes de mayor calado como la reducción de la jornada laboral, que el ministerio de Trabajo ha retrasado a septiembre para intentar conseguir el apoyo de Junts. Sumar, igualmente, quiere que los primeros plenos del próximo curso sirvan para dar ese giro social que reclama de forma insistente al ala socialista del Gobierno. Este lunes, Ernest Urtasun pedía públicamente aprobar los permisos retribuidos por cuidados en el Consejo de Ministros del día 29 de julio y ha avanzado que su espacio está dispuesto a llevar este decreto "en mano" a dicha sesión, sin pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).