Rechazada la concesión de terreno público a la pareja de Feijóo para acceder a la playa desde su casa
La pareja del líder popular había solicitado su acceso hasta el año 2037 para poder ir a la playa directamente desde su propio jardín. Sin embargo, según ha informado Europa Press, la negativa ya habría sido firmada por el Ejecutivo y notificada a Cárdenas.

El Gobierno ha denegado finalmente la polémica concesión de terreno público a la mujer del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, con el cual pretendía acceder directamente a la playa desde el jardín de su propiedad en Moaña (Pontevedra).
Según la información consultada por Europa Press, la negativa ya habría sido firmada por el Ejecutivo y notificada a la empresaria, quien había pedido hasta 2037 la concesión de dicho terreno para poder ir a la playa de O Con, en Moaña, desde una casa de su propiedad.
Tal y como recoge elDiario, la que fue ejecutiva de Inditex y que ahora se dedica al sector inmobiliario, quería seguir utilizando la vivienda, de 215 metros cuadrados, hasta el año 2037, en contra de las intenciones de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que pretendía recuperar el espacio para destinarlo al uso vecinal.
La propiedad, comprada en 2019, fue construida en 1946 e incluía este terreno. Sin embargo, el deslinde que ocurrió en 2007 provocó que la finca se situase en dominio público marítimo-terrestre. De este modo, Cárdenas solicitó la concesión del terreno público— solicitud que fue publicada por el BOE el pasado mes de febrero— apenas tres meses después de Costas empezase el expediente para recuperar el uso público del espacio, que en la actualidad se encuentra vallado.
A pesar de que el terreno se encuentra cuidado y ajardinado, una fuente cercana al PP, según praza.gal, negó que la pareja lo esté empleando y que el cierre de muros se realizó años antes de que Cárdenas comprase la residencia, lugar de descanso habitual del líder de la oposición y su familia.
Cabe destacar que la ley de costas defiende la opción de que el Estado entregue concesiones por tres décadas a los anteriores usuarios de terrenos que se declaren dominio público, premisa por la que Cárdenas sustentó su solicitud, denegada finalmente.