El Ministerio de Vivienda avisa que el Supremo sí avala la ventanilla única digital: vigilar los pisos turísticos "corresponde ahora a las autonomías"
La sentencia del Tribunal Supremo tumba el registro único, pero avala la ventanilla central que comunica a las plataformas como Airbnb con los registros públicos.
El Supremo ha fallado este jueves contra el registro único de alojamientos turísticos y de temporada, pero sí ha avalado la ventanilla digital que puso en marcha el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que se conecta con las plataformas digitales en las que se anuncian estos alojamientos. En otras palabras: "le corresponde ahora a las autonomías velar por el cumplimiento de la norma", como recuerdan fuentes ministeriales.
Es la primera reacción que llega desde el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez, apenas unos minutos después de haber trascendido la sentencia del Supremo. El fallo del Alto Tribunal tumba el registro estatal, pero sí avala dicha ventanilla, que es el sistema que se conecta con las plataformas como Airbnb para comprobar que los anuncios que se publican en ellas cumplan con la legislación. Los alojamientos turísticos ilegales son uno de los factores que explican la actual crisis de vivienda.
En el Ministerio de Vivienda celebran que el Supremo haya avalado dicha ventanilla impulsada por el Gobierno para acabar con el fraude en los alquileres turísticos y de temporada. Esta ventanilla es un mecanismo de intercambio de datos con las plataformas que favorece retirar anuncios de alojamientos turísticos fraudulentos, que incumplan la normativa.
El Supremo "ha decidido dejar en manos de las comunidades autónomas" los registros de alojamientos turísticos y de temporada, "por lo que corresponde a partir de ahora a ellas velar por el cumplimiento de la norma". A su vez, el Ministerio reclama a las comunidades "que sigan el ejemplo mostrado por los Registradores de la Propiedad durante estos meses", y que "agilicen las comprobaciones y las inspecciones para cerciorarse de que los alojamientos que se inscriben" a dichos registros "cumplen la norma".
"No puede ser lo que ha estado pasando en lugares como Andalucía, que bastara una declaración responsable para inscribir un piso turístico y que luego nadie comprobase si se cumplía la norma", recuerdan las mismas fuentes.
Desde su entrada en aplicación en julio del año pasado, la ventanilla única ha permitido identificar más de 111.000 contratos de alquiler ilegales, "la mayor parte de ellos turísticos". Andalucía, una de las comunidades que recurrió ante la Justicia el registro único que puso en marcha el Ministerio, concentra "más de 26.000 pisos turísticos ilegales" que ya no se estaban comercializando por los cauces habituales gracias a la ventanilla "y a la colaboración" de las empresas propietarias de las plataformas.
En este registro único impulsado por el Ministerio de Vivienda ya se habían dado de alta 340.000, de las cuales 258.000 eran pisos turísticos y el resto alquileres de temporada.
"Estamos explotando al máximo nuestras competencias"
Pese a que la sentencia del Supremo sí ha sido un varapalo en los términos de que pone fin al registro único estatal, la prevalencia de la ventanilla única digital sigue siendo un instrumento crucial para el Gobierno. Fuentes del Ministerio advierten que las ciudades "no son parques temáticos" pero que están explotando "al máximo" sus competencias para aflorar los pisos turísticos ilegales.
Por ello, fuentes cercanas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana inciden en que las comunidades autónomas y los ayuntamientos "son los responsables de inspeccionar esas viviendas, clausurarlas si hace falta y tomar las medidas necesarias para que vuelvan al mercado residencial".
En España algunos presidentes autonómicos como Salvador Illa han comenzado a aplicar la Ley de Vivienda y a vigilar el parqué de alojamientos turísticos. Sin embargo, otras comunidades como Andalucía, que es la que más pisos turísticos ilegales tiene en toda España, recurrieron la norma.
Pese al fallo del Supremo, la legislación continúa vigente. España fue el primer país de la Unión Europea en transponer el reglamento que ofrecía estas herramientas para perseguir los alojamientos turísticos y los alquileres de temporada fraudulentos. Establecía la obligación de crear un sistema de información de alquileres de corta duración. El problema es que el registro estatal se solapaba con algunos autonómicos, lo que le valió a algunas comunidades para presentar su recurso.
Dicho reglamento europeo, sin embargo, también exigía crear números de identificación para alquileres de corta duración de una vivienda, que es lo que continúa vigente con la ventanilla única y que será obligatorio en toda la Unión Europea desde este mes de mayo.