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La Fiscalía abre por primera vez diligencias por torturas de durante el franquismo

La Fiscalía abre por primera vez diligencias por torturas de durante el franquismo

Lo hacen tras una denuncia interpuesta por una persona que fue víctima de malos tratos físicos y psíquicos durante una detención en febrero de 1977.

La ex fiscal general del Estado María José Segarra llega a la sede de la Fiscalía General del Estado este jueves, en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convoca a la cúpula de la carrera fiscal y al Consejo Fiscal para explicar su decisión de no dimitir a pesar de haber sido imputado por el Supremo por revelar secretos del fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Sede de la Fiscalía General del Estado.EFE/ Sergio Perez

La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha abierto por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Vía Laietana, en Barcelona.

La investigación tendrá lugar después de la denuncia interpuesta por una persona que fue víctima de malos tratos físicos y psíquicos durante una detención en febrero de 1977. Según ha informado Fiscalía en un comunicado, la apertura de diligencias "se fundamenta en la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

Asimismo, el Decreto analiza la concurrencia en el caso de los requisitos objetivos, temporales y contextuales que se exigen para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática: que se trate de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario; que los hechos se hayan producido con ocasión del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978; y que los mismos hayan sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos.

El Ministerio Fiscal, en actuaciones anteriores, ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso.