La jueza de la DANA investiga la muerte de 37 usuarios de teleasistencia

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión institucional durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha reclamado información clave a diversas administraciones públicas sobre la atención a los usuarios del servicio de teleasistencia. En concreto, se investigan las circunstancias en las que fallecieron 37 personas dependientes usuarias de este servicio durante las riadas.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza del Juzgado de Instrucción de Catarroja ha accedido a la petición de la acusación popular ejercida por Acció Cultural.

Como consecuencia, ha ordenado solicitar a la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales el listado de personas fallecidas, así como los protocolos de actuación activados, las órdenes escritas enviadas a la empresa adjudicataria del servicio los días 28 y 29 de octubre, y las grabaciones de llamadas entrantes y salientes con los usuarios afectados. También se ha requerido copia de los mensajes y alertas enviados a estos.

En palabras recogidas por Acció Cultural, "en la respuesta transmitida se hace referencia a que el 28 y 29 de octubre de 2024 los trabajadores de la empresa prestataria del servicio de teleasistencia incluyeron, en cada una de sus comunicaciones, los avisos de precaución por la alerta meteorológica de AEMET por la DANA".

El auto también solicita a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Valencia la documentación relativa a los expedientes de licitación del servicio de teleasistencia, el listado de personas fallecidas usuarias del mismo, los protocolos de actuación y la grabación de llamadas realizadas durante esos días.

Además, se ha requerido a AEMET un informe sobre las consultas realizadas por la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales durante los días previos a la DANA: quién consultó, qué se preguntó y quién respondió.

Por el contrario, la jueza ha rechazado, con el respaldo del Ministerio Fiscal, otra solicitud de Acció Cultural para investigar si la Agencia de Seguridad y Emergencias accedió a determinadas webs meteorológicas en las horas previas a las riadas. 

Considera que esta información "no resulta determinante en la investigación", ya que las previsiones meteorológicas eran conocidas por otras vías, como las llamadas al 112 o los medios de comunicación.

Ultimátum a À Punt 

Por otra parte, Nuria Ruiz Tobarra ha dado un ultimátum a la radiotelevisión pública autonómica, À Punt, al concederle un plazo de 24 horas para que justifique "las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi", celebrada el 29 de octubre de 2024, durante el pico de la emergencia.

Según el auto, hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora, la jueza ya había solicitado ese material el pasado 19 de septiembre, tanto a À Punt como a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y a la productora contratada para grabar dicha reunión. La petición se produce tras las declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien afirmó públicamente su "voluntad de facilitar" las grabaciones.

La jueza recuerda que, en marzo, Emergencias respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", lo que impidió inicialmente contar con soporte documental de la reunión. Sin embargo, tras conocerse que sí existían grabaciones realizadas por À Punt y una productora externa, la magistrada las reclama formalmente como parte de las diligencias.

Sin embargo, la dirección de À Punt ha asegurado que ya entregó la grabación el viernes 26 de septiembre, tal como se le había solicitado, cumpliendo "de forma puntual y rigurosa con el requerimiento judicial". Además, ha acompañado su comunicado con una copia del escrito registrado ante el juzgado, con sello de entrada, en el que se entregó un disco duro que contenía la copia íntegra de las grabaciones solicitadas.

Descarta citar como investigado al presidente de la CHJ

Además, Ruiz Tobarra ha dictado otros dos autos y una providencia en los que vuelve a denegar la petición de la acusación popular ejercida por el partido Valores de citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras haber comparecido recientemente como testigo.

La jueza rechaza esa petición al considerar que Polo "no tiene la condición de garante" de la seguridad de la población. "La posición de garante se ha de atribuir respecto a la posibilidad de alertar a la población al objeto de que adopte medidas de autoprotección (...), y ello no corresponde a la CHJ, sino a la Administración Autonómica", subraya en el auto, apuntando que eran los gestores de la emergencia quienes debían tener control sobre los barrancos y las decisiones críticas.

En este sentido, se refiere a las imágenes de la reunión del Cecopi en las que, a las 18:59 horas, la entonces consellera Salomé Pradas dio instrucciones para el envío del mensaje de emergencia Es-Alert, que finalmente se emitió a las 20:11. 

"Si en ese momento ya se estaba discutiendo el envío de dicho mensaje y se envió finalmente a las 20:11 horas, resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la AEMET, e incluso a la delegada del Gobierno", afirma.

La magistrada critica además la falta de reacción institucional pese a la información disponible desde primeras horas del día: "No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación. Se está defendiendo un sistema de análisis de información y de control del riesgo tan absurdo como defender que un juez de Violencia de Género no supiera lo que es el SIRAJ (...), o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar".