Los agentes afirman que se llevaron más información de la autorizada en el registro del fiscal alegando que era imposible filtrar antes de copiar

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reconocido en la quinta jornada que en los registros del despacho del fiscal general del Estado y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid se llevaron más información de la autorizada por el juez, alegando que no podían filtrarla antes de copiarla. 

Así lo han confirmado los ocho agentes que participaron en los registros ordenados por el magistrado instructor Ángel Hurtado, que se realizaron de forma simultánea y que duraron más de diez horas en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el pasado 30 de octubre de 2024. 

Según han podido explicar a las preguntas de las acusaciones, el copiado se hizo así porque era imposible copiar la información parcialmente basándose en ese límite temporal, si bien algunos han afirmado que el cribado se hizo de forma posterior, a la hora de seleccionar y recopilar la información. 

En total, los agentes copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal. Sin embargo, en el caso del ordenador sí que seleccionaron algunos archivos, aunque no se ha especificado si limitados en el marco temporal (fijado entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024) o no. 

"Entonces, ¿no acataron el límite temporal?", ha preguntado el abogado del Estado a los agentes. "En la medida de lo posible había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos", ha respondido uno de los agentes. Mientras que otro ha afirmado que si bien se podría haber hecho el cribado "imprimiendo correo a correo", si bien ha puntualizado que "eso habría llevado semanas". 

Preguntados sobre la actitud que mantuvo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante dichos registros, los agentes afirmaron que este adoptó una "actitud colaboradora" y de hecho incluso ayudó en el proceso facilitando algunas contraseñas. 

Respecto a los mensajes que borró el fiscal general el 16 de octubre de 2024 (cuando el Supremo abrió la causa contra él), uno de los agentes de la UCO ha admitido que no es posible determinar si en dicho borrado también desaparecieron los mensajes del 8 al 14 de marzo (espacio temporal de la investigación) "con certeza". "La certeza técnica no es posible, porque se ha desarrollado esa acción en un terminal que no es el analizado, se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible", ha asegurado.

También han admitido lo mismo dos ingenieros informáticos que hicieron una pericial a petición de la Abogacía del Estado y ambos han llegado a la conclusión de que es "totalmente imposible determinar qué mensajes se han borrado, cuántos mensajes se han borrado y las fechas de los mensajes" ni tampoco que "los mensajes que se dicen borrados pudieran ser borrados previamente a dichas fechas". Además, WhatsApp tampoco permite "determinar si en un chat borrado o vaciado existían mensajes de una fecha concreta, ni si estos se habían eliminado con anterioridad".