No digas que no te hemos alvisado: los embrollos judiciales que acorralan al 'candidato Alvise'   

Alvise vuelve a la carga. Un año y medio después de convertirse en la revelación de las elecciones europeas con tres escaños y más de 800.000 votos, el agitador ultraderechista anunció este domingo durante un acto pomposo en la plaza de toros de Vista Alegre, en Madrid, que se presentará como candidato a las elecciones generales que, presumiblemente, tendrán lugar en 2027. 

Sus perspectivas electorales, sin embargo, no son muy halagüeñas. Su descrédito por los bulos esparcidos en redes sociales y el timo del sorteo de su sueldo le han desacreditado ante una parte del electorado que confió en él como herramienta de la antipolítica. Además, el auge imparable de Vox apenas da opciones a las otras fuerzas representadas a la derecha del PP, a diferencia de la situación que se daba en las europeas. 

La mayoría de sondeos publicados en estas últimas semanas le dan, como mucho, uno o dos escaños. Y algunos de ellos ni siquiera le otorgan representación. Para intentar recuperar fuerzas, Alvise Pérez prometió este domingo "un plan de deportación masiva" (imitando precisamente a Vox), una "macrocárcel" para los criminales reincidentes al estilo Donald Trump o una reforma del Código Penal para que los delitos de corrupción no prescriban.

Ante sus seguidores, Alvise habló de la falta de seguridad en "nuestras calles" debido a las altas tasas de criminalidad entre los extranjeros, sin sustentarlo en ninguna estadística oficial. E incluso reavivó el fantasma del pucherazo electoral presentando una herramienta basada en la Inteligencia Artificial que instalaría en todas las mesas electorales para evitar "fraudes" en el recuento de votos. También prometió un IRPF del 0% para quienes cobren menos de 35.000 y cinco puntos menos por cada hijo, "porque tener hijos es el futuro de España y no traer cinco millones de inmigrantes".

La arenga de Alvise este domingo no tapa tampoco la difícil situación judicial a la que se enfrenta el eurodiputado. La semana pasada, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo le abrió una cuarta causa en su contra después de abrirle previamente otras tres por difundir una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Esta cuarta causa se basa en los presuntos delitos de acoso y revelación de secretos cometidos contra los otros dos eurodiputados que obtuvieron escaño bajo las siglas de SALF en las europeas de 2024, y que posteriormente dejaron el partido y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos de Meloni. Grupo que, por otro lado, vetó al propio Alvise por temor a que sus pleitos y embrollos judiciales pudieran lastrar su imagen.

Los eurodiputados denunciaron que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que 'Alvise' había publicado sobre ellos --en un podcast y en un canal de Telegram--, sino que, incluso, habían llegado a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

"Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo 'Alvise' sobre sus excompañeros en un pódcast el pasado 20 de abril. 

Pero los embrollos judiciales de Alvise no quedan ahí. En marzo fue condenado a pagar 60.000 euros a José Luis Ábalos por difamación y por publicar fotos en redes sociales que habrían causado al exministro "graves daños morales". Previamente, también tuvo que indemnizar a la periodista Ana Pastor o a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; además de recibir una multa de 5.000 euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por publicar fotos de una hija de Óscar Puente cuando era menor de edad. 

Además, le queda por delante ver en qué queda la denuncia de la Fiscalía por posible delito de revelación de secretos por exhibir una fotografía de una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estudia en un centro privado en Inglaterra y la traen un par de veces al mes en vuelo privado. Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos. La hija no tiene culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello y España lo debe saber", publicó Alvise en su canal de Telegram, con unos 326.000 seguidores.

Mientras se le desmonta el 'chiringuito', Alvise hace frente a este asedio judicial faltando a la verdad. Sobre la presunta financiación ilegal, llegó a reconocer que cobró los 100.000 euros que le dio en efectivo un empresario y que no lo declaró a Hacienda, pero que era una suerte de pago "como autónomo y sin factura". También ha dicho que el Parlamento Europeo ha dictado un informe exculpatorio a su favor, aunque no hay rastro público de él. 

Lo que sí hay es una sanción de 700 euros por parte de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes tras tomar posesión como eurodiputado. Y el Tribunal de Cuentas español aseguró que no presentó la contabilidad de sus gastos de campaña de las europeas, incumpliendo lo previsto en la ley, por lo que el organismo propone que no se le abonen las subvenciones que le correspondían por sus tres escaños y los más de 800.000 votos recibidos.

Su influencia en el parlamento europeo, además, es nula. Sus intervenciones más sonadas han sido contra otros eurodiputados españoles, con especial ensañamiento hacia Irene Montero. Pero es que a Alvise no le gusta mucho eso de trabajar en Bruselas. En una entrevista en la web Periodista Digital, el europarlamentario afirmó que su trabajo en el parlamento europeo no le interesaba y que "iba lo mínimo" a la capital belga porque "no creía" en lo que hacía allí. "Estoy visitando toda España para construir una estructura alterna", afirmó.

Cobrar sí cobra los casi 10.000 euros brutos mensuales que le corresponden como eurodiputado, pero no hay ni rastro del sorteo de su salario que prometió en campaña. El 31 de octubre dijo que lo donaría íntegramente a las víctimas de la DANA durante tres meses, aunque no aportó ninguna prueba. En 2025 tampoco ha efectuado ningún sorteo. Este domingo, sin embargo, anunció que donaría 50.000 euros "acumulados" a la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía tras ganar un concurso de "likes" en Instagram y TikTok a otra organización similar de la Guardia Civil.