¿Para qué sirve que la Fiscalía investigue los crímenes de Gaza? Las claves de la jugada de García Ortiz 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar que está llevando a cabo Israel desde hace dos años. El marco de delitos que abarca esta investigación llega hasta genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Además, estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. García Ortiz indica que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal".

El fiscal general sostiene que "nuestro país ha asumido la obligación de prestar la debida colaboración y canalizar la asistencia que se precise de los órganos competentes para la investigación de las conductas que se están produciendo, lo que legitima la apertura de diligencias de investigación en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal para hacer real y efectivo el principio de cooperación internacional, de conformidad con una interpretación integradora de las normas internacionales y principios constitucionales".

Sin embargo, la pregunta que queda encima de la mesa es: ¿esto realmente sirve para algo a nivel judicial e internacional? La pregunta es más difícil de lo que pudiera parecer en un primer momento. Pedro Jiménez, periodista en Tribunales de la Cadena Ser y Redactor Jefe, responde a las dudas que emergen ante este nueva jugada del fiscal general del Estado. "Abrir una causa en España es muy complicado porque la ley de Justicia Universal es muy restrictiva", introduce el profesional de la comunicación en referencia al principio de jurisdicción universal, es decir, la facultad de un tribunal de un país para juzgar delitos considerados crímenes internacionales o de máxima gravedad, sin importar dónde fueron cometidos ni la nacionalidad del autor o de las víctimas.

"Para poder aplicarla se requiere que se haya cometido un crimen contra un español en el extranjero y que ahí se dejara de investigar el caso, lo que permitiría abrir una investigación propia", resalta Jiménez ante la nueva tesitura que maneja el fiscal general del Estado para poder avanzar en el proceso judicial para con los crímenes de genocidio y lesa humanidad. "El avance de esta investigación es muy complicado. Ninguno de los países extranjeros te van a ofrecer información ni facilitar absolutamente nada ni colaborar", explica el periodista poniendo como ejemplo el 'caso Couso'. 

En el año 2003, un carro de combate de Estados Unidos disparó contra el hotel Palestine tras la invasión de Irak en el que se encontraba José Couso. No fue hasta 12 años después cuando la causa fue finalmente archivada por un auto del juez Santiago Pedraz que aplicó la reforma del Tribunal Supremo sobre la reforma de la ley de Justicia Universal. El único consuelo que logró la familia de Couso no llegó hasta el año 2020, cuando el Estado español la indemnizó con un total de 182.000 euros por no haber defendido sus intereses ante el país norteamericano. De hecho, en 2024 incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el archivo de la causa. 

Entonces, ¿qué busca García Ortiz con esta estrategia que se ha visto que no tiene un gran éxito jurídico? "Sirve para recopilar pruebas, material probatorio y todo lo que sea que se pueda elevar a la Corte Penal Internacional y organismos jurídicos internacionales que ya tengan investigaciones abiertas por crímenes de guerra contra los altos cargos de Israel y de la administración pública del Estado del país extranjera", explica el periodista de la Cadena Ser.  

Precisamente, el 21 de noviembre de 2024 y tras una investigación de crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional emitió ordenes de arresto para Benjamín Netanyahu y Yoav Galant, su exministro de Defensa, a quienes acusó entonces de responsabilidad por el crimen de guerra de hambruna, contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos cometidos en la Franja de Gaza. Además de esta, otras investigaciones están en curso por los crímenes que se están llevando a cabo. "En definitiva, sirve para coadyubar a las investigaciones internacionales que están abiertas", afirma Jiménez. 

En otras palabras, la utilidad real del movimiento de García Ortiz tendrá previsiblemente poco recorrido al menos que se dé un hipotético escenario que es altamente improbable: que la Audiencia Nacional abra una causa. Es decir, que España asuma la competencia judicial para investigar y juzgar delitos graves cometidos por extranjeros que han afectado a intereses españoles. Algo que, visto los antecedentes, tiene una posibilidad remota e ínfima.