¿Puede el Gobierno cesar al fiscal general del Estado como pide Feijóo?

Una incógnita ha aterrizado en la actualidad política a la luz de las últimas informaciones que rodean al fiscal general del Estado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este miércoles en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Entre sus preguntas, los reclamos han ido increcendo según se iban acercando al fiscal Álvaro García Ortiz, procesado el pasado lunes por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador —novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y su abogado. "Usted está encerrado en el búnker de los autócratas. La situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Usted debe destituirle", ha asegurado Feijóo pidiendo la cabeza del fiscal. 

"¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí?", exclamaba el presidente de los populares. Sin embargo, el álgido discurso ha tenido una referencia que es más difícil de concretar de lo que pudiera parecer acerca del cese de García Ortiz: ¿Es posible que el Gobierno le destituya? Tal y como está estructurada la legislación que interpela al fiscal general, nunca se había dado el supuesto de que este terminase sentado en el banquillo. Por ello, las competencias del Ejecutivo al respecto están cogidas con pinzas. "No contemplamos que esa causa habilite para un cese, ya que el incumplimiento debe ser efectivo. Y aquí el fiscal general del Estado ha perseguido el delito y ha contado la verdad", aseguran a este periódico fuentes del Ministerio de Justicia. 

Los casos en los que el fiscal general del Estado pueda ser cesado son concretos y específicos. Aunque no esté determinado qué hacer a la hora de apertura de juicio oral —como es el caso—, sí es posible retirarle del cargo por otras razones. Según recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal en su artículo 31, esto se podrá producir por petición propia de García Ortiz, por incurrir en las incompatibilidades o prohibiciones establecidas por la ley, la incapacidad o enfermedad que le imposibilite ejercer el cargo, el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que lo había puesto. 

La incógnita que se pone encima de la mesa es si el ser procesado es suficiente para encajar en el incumplimiento grave de funciones. "Que exista un proceso judicial implica que ese incumplimiento no está probado y prevalece la presunción de inocencia", aseguran a El HuffPost fuentes del Ministerio de Justicia. 

En otras palabras, no está previsto en las directrices fiscales una hoja de ruta a seguir en caso de que el fiscal general del Estado sea procesado, ya que nunca había ocurrido. "Debe recurrir al Ministerio Fiscal por incumplimiento de sus funciones", expresaba con ímpetu el líder del PP acerca de García Ortiz. Debido a que el procesamiento no es directamente una condena, no está claro si el incumplimiento al que se refiere Feijóo serviría para el cese o sí, como muchos defienden, Sánchez y el Ejecutivo tienen las manos atadas para hacerlo. Desde el ministerio competente aseguran "que el Gobierno dictase una especie de 'inhabilitación anticipada' por esa causa no sólo vulneraría el derecho a la presunción de inocencia, sino también la separación de poderes".

En caso de que, tras el procesamiento y la conclusión del juicio oral que previsiblemente puede acarrear el fiscal por la decisión de Hurtado, García Ortiz se encontraría en otro escenario donde sería el Consejo de Ministros el que determinaría el incumplimiento de alguno de los pretextos mencionados anteriormente. Por otro lado, este será el último fiscal del Estado cuyas decisiones reposen en el Consejo de Ministros debido a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y que afectará a la persona que nombre el próximo Gobierno que salga de las urnas. El siguiente estará bajo la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial.

Con esta reforma -explicó Félix Bolaños en la presentación- se dará "un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal, que se encargará de la instrucción de las causas judiciales y de las causas penales". Así, se recogen las propuestas y recomendaciones del Consejo de Europa y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal. 

Con esta ley el Gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal sobre ningún asunto y las comunicaciones entre ambos, que tendrán que ver con el interés general, serán públicas y por escrito por la vía del ministro de Justicia. Por otra parte, el fiscal no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros tal y como sí sucede con García Ortiz.

Sea como fuere, el Gobierno ya ha reiterado en los últimos días que tiene la confianza absoluta con el fiscal general del Estado y, este miércoles, Sánchez ha subido ese respaldo al asegurar que "siempre estará con los fiscales que persiguen delincuentes". "Entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estaré con los fiscales que persiguen a sus delincuentes", ha reafirmado.