Sanidad hará que todas las CCAA cumplan la ley del aborto garantizando el listado de objetores de conciencia
Mónica García ha presentado este martes el procedimiento por el cual se garantizará la interrupción voluntaria del embarazo gracias al Artículo 44 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que empezará el camino para asegurar que el derecho el aborto se cumpla en todas las comunidades autónomas. Para ello, dará a los territorios que incumplen —Madrid, Baleares y Aragón— un mes para cumplir el requerimiento y, en caso de que sea necesario, deberán de pasar dos meses hasta ir a los tribunales.
Además, ha señalado específicamente a la Comunidad de Madrid que "ha sido la única que ha dicho explícitamente que no cumplirá con la norma". "Ayuso se ha equivocado, debe de recoger el cable y cumplir con la ley", ha dicho García este martes en el Consejo de Ministros donde ha anunciado el procedimiento que llevarán a cabo para "asegurar que se cumplan los derechos de las mujeres".
El requerimiento estará fundado en el Artículo 44 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa por la que "cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada", en este caso, la garantía de que se cumpla el derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres.
"La libertad de conciencia de los profesionales sanitarios solo se puede ejercer si hay un registro, como bien asegura el Tribunal Constitucional", ha dicho la ministra haciendo referencia a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer un listado de médicos con objeción de conciencia.
"Saltarse este procedimiento no solamente vulnera el derecho de las mujeres, también el de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia", ha proseguido García para responder a Ayuso y las declaraciones que ha emitido los últimos días acerca de la interrupción voluntaria del embarazo donde afirmaba que "si quieren abortar que se vayan a otro sitio". Además, la ministra ha afirmado con contundencia: "Lo digo muy claro, la ley se cumple, parece que la señora Ayuso está mandando a las mujeres a abortar a otro lugar, y le diré que las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio".
Para llevar a cabo este cumplimiento de la ley del aborto, una norma que impulsó el ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, se debe garantizar el registro de profesionales objetores al aborto. Un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros y no debe tener carácter público, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia.
Según la ministra de Sanidad, tanto Madrid, Aragón y Baleares tendrán un mes para cumplir el requerimiento "y dejar de incumplir la ley", si no sucede esto, el Gobierno tendrá dos meses para ir a los tribunales "y que un juez les obligue a cumplir la ley".
Blindaje constitucional del aborto
Ahora la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas que decidirá en los próximos días cuál será la respuesta a las palabras anunciadas este martes en el Consejo de Ministros donde también se ha anunciado el blindaje al derecho del aborto en la Constitución Española en voz de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
El artículo de la Constitución que se reformará es el 43, que actualmente indica que se reconoce "el derecho a la protección de la salud" y que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios", sin ninguna referencia explícita o directa al aborto.
El Gobierno retomó la idea de blindar el aborto en la Carta Magna después de que el pleno municipal de Madrid aprobara con los apoyos de PP y Vox informar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo sobre un presunto "trauma posaborto" que, sin embargo, ni la ciencia ni la medicina cree que exista.