El aborto en la sanidad pública sigue marcado por la diferencia territorial: Madrid y Andalucía no llegan ni al 1%

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el informe sobre la "Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad" elaborado desde el año 2015 hasta el 2024. En el relata que un 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en centros privados. El documento revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales.

Mientras que en Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra superan el 75% de interrupciones del embarazo llevadas a cabo en la sanidad pública, en otras 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje no llega ni al 10%. El Ministerio subraya la necesidad de normalizar la prestación pública del aborto y reforzar el acceso equitativo en todo el territorio.

En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

Las diferencias territoriales se designan en tres grupos según el porcentaje de interrupciones realizadas en centros públicos en 2024:

Además, el informe señala que las interrupciones realizadas en los estadios más avanzados del embarazo se concentran en mayor medida en centros públicos, lo que según señala el ministerio refleja su mayor capacidad para abordar casos clínicamente complejos y garantizar la continuidad asistencial.

Diferencias según método

Si se analizan los métodos utilizados y su relación con el tipo de centro sanitario, en 2024, el método farmacológico fue predominante en las comunidades con mayor proporción de interrupciones del embarazo en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística.

En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente. Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.

Implicaciones sanitarias y sociales de la privatización de la interrupción del embarazo

El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.

Además, la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una interrupción del embarazo, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.

Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la interrupción del embarazo en centros públicos, pero el procedimiento se realiza en su mayoría en centros privados. Esta incoherencia revela la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva.

Medidas para mejorar la accesibilidad a la interrupción del embarazo

Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.

Asimismo, se impulsa la normalización de la interrupción del embarazo como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

Además, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.