El Gobierno activa los mecanismos para blindar el aborto en la Constitución 

El Gobierno ha activado este martes el mecanismo legal para blindar el derecho al aborto en la Constitución. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista en la Cadena SER que el Consejo de Ministros iniciaría los trámites hoy mismo requiriendo el dictamen del Consejo de Estado sobre este asunto, paso previo para después llevar la propuesta al Congreso y que se pueda aprobar si recibe el apoyo de las tres quintas partes del hemiciclo y, al menos, la mayoría absoluta en el Senado.

El artículo de la Constitución que se reformará es el 43, que actualmente indica que se reconoce "el derecho a la protección de la salud" y que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios", sin ninguna referencia explícita o directa al aborto.

"Lo hacemos ante una ola reaccionaria que pretende devolver a las mujeres a situaciones pasadas y momentos que ya hemos superado. Necesitamos blindar los derechos de las mujeres", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

El Gobierno retomó la idea de blindar el aborto en la Carta Magna después de que el pleno municipal de Madrid aprobara con los apoyos de PP y Vox informar a las mujeres que quieran interrumpir el embazaso sobre un presunto "trauma posaborto" que, sin embargo, ni la ciencia ni la medicina cree que exista.

Asimismo, el Gobierno también exigirá a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con la ley y cree el registro de médicos objetores al aborto. "Me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular, le exija a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo", ha asegurado. En el caso de que la presidenta madrileña desobedeciera, Sánchez no ha querido desvelar que otras acciones tomaría contra el gobierno de la Comunidad de Madrid.

El propio presidente del Gobierno envió la semana pasada una carta a diferentes presidentes autonómicos, entre ellos Ayuso, para que lleven a cabo ese registro de médicos objetores. La dirigente madrileña, sin embargo, dio a entender el pasado jueves en la Asamblea que desobedecerá dicha orden. "Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", dijo bajo los aplausos de la bancada popular. 

La Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva en España establece que los objetores de conciencia pueden negarse a participar en interrupciones voluntarias del embarazo por motivos morales o religiosos. Sin embargo, la ley exige que cada comunidad autónoma cree un registro de estos profesionales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en centros sanitarios públicos y privados. En la Comunidad de Madrid, sólo el 1% de los abortos que se llevan a cabo cada año se hacen en centros públicos.