Un bulo, un voto particular y periodistas ignorados: los puntos polémicos del procesamiento del fiscal general

A un paso del banquillo. El Tribunal Supremo situó este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de un juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda.

El fiscal general se enfrenta a penas de uno a cuatro años de cárcel, suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años o inhabilitación especial para empleo público de tres a cinco años.

La Sala estima que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra él. El juez instructor, Ángel Hurtado, había establecido previamente en un auto que el fiscal general pudo facilitar a medios de comunicación el contenido confidencial de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales. Hurtado destacó que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales" de González Amador, "en una conversación privada" entre letrado y fiscal que está "sujeta a criterios de reserva y confidencialidad".

La decisión de la Sala de apelación del Supremo ha sido adoptada por mayoría, al haber sido apoyada por dos de sus tres magistrados, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres. El tercer magistrado, Andrés Palomo del Arco, ha emitido un voto particular en el que considera que la causa debía haberse archivado al no apreciar que revelara ningún dato que no se conociese con anterioridad sobre el caso de González Amador.

La decisión mayoritaria del Supremo deja al fiscal general al borde del banquillo, algo que no había ocurrido hasta ahora en democracia. Sin embargo, la instrucción de este caso y sus conclusiones se han visto salpicadas por las dudas o críticas que han aflorado, tanto por su modo de proceder como por la propia actuación del juez instructor. Principalmente, porque durante los ocho meses que ha durado la instrucción, Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. 

Un voto particular muy crítico

Muchos juristas muestran sus dudas sobre el hecho de que García Ortiz vaya a ser juzgado por un presunto delito del que apenas hay indicios, al sostenerse principalmente en conjeturas sin fundamento sólido. Así lo defiende también Andrés Palomo del Arco en su voto particular. Según él, la causa debería haberse archivado porque el fiscal general no reveló ningún dato que no se conociese públicamente con anterioridad sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña.

En su voto particular, de 39 páginas, el magistrado considera que no se puede atribuir a García Ortiz un delito de revelación de secretos por la nota informativa que difundió la Fiscalía para señalar que Hacienda no había ofrecido ningún pacto a González Amador. "Obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos", sostiene.

Igualmente, cree que para procesarle por ese delito no basta "una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara, (...), sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria".

Testimonios de periodistas ignorados

El juez Hurtado pone en el punto de mira a García Ortiz por esta nota de la fiscalía, pero también por la supuesta filtración del correo del abogado de González Amador a la prensa. Al respecto, cuatro redactores de El País aseguraron que tuvieron conocimiento de que González Amador iba a reconocer dos delitos fiscales 31 horas antes de que el fiscal general reclamara el correo del abogado para desmentir el bulo. Un director adjunto de eldiario.es, incluso, sostuvo que accedió a este email hasta una semana antes.

Pero estos testimonios en sede judicial no convencieron al juez instructor. De hecho, llegó a insinuar en su auto que los periodistas que declararon como testigos mintieron sobre cómo accedieron al correo del abogado de Ayuso, con el fin de proteger a su fuente; esto es, el fiscal general. 

En concreto, sobre el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el magistrado insinuó que mintió “posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger la fuente de información”. Además, defiende que Campos aportó un "testimonio subjetivo" y sin aportar "datos objetivos".

En su declaración, Campos ofreció una detallada explicación de cómo tuvo acceso al email antes de que llegara a manos de García Ortiz y negó que se lo hubiese proporcionado el fiscal general del Estado. 

El periodista de La Ser dijo que fue conocedor del contenido del email del abogado de González Amador "entre las 15:40 y las 15:45 de la tarde" del día 13 de marzo, horas antes de que el fiscal general reclamara el mismo correo electrónico. Fue una "buena" fuente, "de hace muchos años", quien llamó al periodista en torno a las 15 horas para hablarle de la existencia de ese correo que desmentía a Ayuso. Dicha fuente no le permitió obtenerlo, pero sí verlo "en su integridad", transcribirlo todo y tomar notas. Después, esa misma fuente se arrepintió y le impidió contarlo, hasta que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió esa misma noche el bulo de que era la Fiscalía quien pretendía pactar con González Amador y no al revés. Ahí es cuando Campos recibió la autorización para dar la información, primero en antena y después en la web de la emisora.

Cuatro periodistas de 'El País' también aseguraron en el Tribunal Supremo que sabían que Alberto González Amador tenía intención de reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía antes de que García Ortiz reclamara a sus subordinados los correos ahora investigados.

Igualmente, manifestaron que dicha información no la obtuvieron de la Fiscalía General del Estado, sino de fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, la información la tenían el 12 de marzo, a las 13.30 horas; es decir, 31 horas antes de que García Ortiz reclamara el cruce de correos entre la defensa y el Ministerio Público para llegar a un pacto.

Por su parte, el director adjunto de elDiario.es, José Precedo, admitió que accedió a ese email el 6 de marzo, antes incluso de que se informara desde la Fiscalía Provincial de Madrid a la Fiscalía General del Estado sobre la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso (el 7 de marzo).

Pese a estas declaraciones, la sala del Supremo se alinea con el juez instructor y señala que "los distintos periodistas que cubrían el caso tenían, si acaso, alguna información fragmentaria pero no tenían noticia del contenido del correo”. Un email al que sólo habrían podido acceder mediante la supuesta filtración del fiscal general. 

Andrés Palomo, el magistrado que emite el voto particular, sostiene sin embargo que obviar las manifestaciones de estos periodistas es "difícilmente comprensible". “[Estos periodistas] suministran múltiples datos periféricos en su relato indicativos del tiempo y modo de acceso a la fuente; otorgan en varios casos, elementos objetivos que adveran, cuando menos ese conocimiento parcial; y aunque no identifican su fuente, tanto por el momento de acceso como el modo del mismo, desdicen la autoría del investigado. Negar por un órgano judicial eficacia a ese testimonio, porque pudiendo identificar la fuente, no lo hacen, aparte de un indebido entendimiento del proceso penal que precisa acreditar la inocencia, es una exigencia de renuncia a un derecho con previsión constitucional, difícilmente comprensible”, recalca el escrito de Palomo.

Ninguna llamada a periodistas

Los periodistas negaron que el fiscal general les hubiera hecho llegar el correo, un extremo que también confirmó la propia UCO. El informe de la Guardia Civil señala que no hubo ninguna llamada de García Ortiz a periodistas ni con ninguna persona ajena a la Fiscalía en esos días. 

Cabe recordar, eso sí, que no fue posible recuperar los mensajes de WatssApp del fiscal general en ninguno de sus teléfonos por el borrado de los mismos. El mismo proceso afectó a la investigación de su correo personal. Álvaro García Ortiz dijo que borra con frecuencia sus conversaciones en base a un protocolo de seguridad y que la cuenta de correo la canceló también por razones de seguridad. Pero según los jueces, “es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables”.

Un secreto... que ya no era secreto

En definitiva, varios periodistas varios periodistas admitieron ante el juez que conocieron el contenido del correo del abogado de González Amador antes de que éste llegara a García Ortiz. ¿Cómo, entonces, se puede acusar a alguien de divulgar un secreto que ya no lo es? La jurisprudencia del Supremo establece que no puede ser secreto lo que ya ha sido difundido por los medios de comunicación.

Un correo que llegó a muchas personas

Además, García Ortiz no fue el único que pudo tener acceso a ese email del abogado del novio de Ayuso antes de su filtración. La sala del Supremo admite que distintas personas tuvieron acceso a ese email porque el letrado lo envío a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos. "Al menos veinte personas pudieron acceder a él", señala el magistrado discrepante con el procesamiento. 

Pero los otros dos jueces rechazan que algún otro fiscal pudiera haberlos difundido porque, aseguran, no es hasta la noche del 13 de marzo de 2024 “cuando se advierte la importancia de los mismos” y García Ortiz reclama que se los reenvíen, “produciéndose dos horas después su filtración”. "Nadie, desde luego, los había filtrado con anterioridad”, afirman los jueces que se muestran a favor de investigar al fiscal general.

El origen está en un bulo

El origen de toda la polémica está en el bulo que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difunde para defender al novio de ésta. Según su versión, era la fiscalía quien ofrecía un pacto a González Amador. El diario El Mundo se hizo eco de esta información y publicó el contenido de uno de los emails intercambiados entre abogado defensor y fiscal. Es decir, se empezó a hacer público un contenido que hasta ahora había permanecido en secreto. Y siempre con el consentimiento del novio de Ayuso. 

García Ortiz se queda solo

El Supremo confirma el procesamiento de García Ortiz pero archiva las actuaciones respecto a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por no apreciar indicios de que cometiera delito. Previamente, el juez instructor también  imputó y desimputó a Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz. El fiscal general se queda así solo frente a la “operación coordinada” y la “labor de equipo” de la que hablaba antes el juez en varios autos. 

Se rompe la vinculación con Moncloa

Lo que el Supremo sí desbarata es el intento del juez instructor de implicar a la Moncloa con la difusión del email. El juez instructor señaló en su auto que la filtración de este correo tuvo lugar "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno [...] con la finalidad de ganar el relato a esa información”. Es decir, el magistrado sostenía que el fiscal general obtuvo el email del abogado y lo filtró a la prensa porque alguien desde Moncloa se lo pidió. Pero para esta afirmación no se aportó ningún mensaje, ningún correo... Nada en las más de cincuenta páginas que configuraban su auto. "Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", asegura por su parte la Sala.